Las reformas laboral, de pensiones, de la Administración local, financiera y del emprendimiento requieren impulsos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a sacar pecho esta semana por ser el conductor de lo que llama "una agenda reformista sin parangón en la historia de España". Pero lo cierto es que hasta cinco puntos clave de ese programa, si bien se encuentran oficialmente en marcha, presentan síntomas de parálisis, preocupantes para los analistas y los organismos internacionales.
Así, uno de estos últimos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), avisó, el miércoles pasado, de que no hay reforma laboral que se pueda dar por completada en un país que cuenta con más de seis millones de parados.
Como esa respuesta a ese tirón de orejas, Moncloa se reafirmó en su propósito de dejar aparcado todo posible cambio sobre lo que se aprobó en Consejo de Ministros, hace más de un año, hasta que no esté terminada la evaluación interna que el Gobierno quiere hacer en este año sobre su propia reforma.
Más reciente es la que atañe a la Administración local, presentada oficialmente a mediados de febrero pasado, en un momento en el que se le reprochaba al Ejecutivo la pérdida de pulso que le había afectado a su toma de decisiones a finales de 2012.
Rajoy y su equipo quisieron disipar toda sospecha de apatía presentando una reforma ambiciosa, que afecta a los más de 8.000 ayuntamientos que existen en España y a las demás corporaciones locales, y que avanzaría a paso firme, para lo que era necesario remitirla de inmediato al Consejo de Estado.
Ése era el compromiso, pero lo cierto es que la reforma no estuvo en manos del Consejo hasta finales del mes pasado y todo el tiempo que se ha demorado no le ha servido al PP para ganarse el apoyo de los partidos de la oposición, y ni siquiera de sus propios alcaldes.
El camino institucional que tiene que recorrer otra de las grandes apuestas de Rajoy, la que afecta al sistema de pensiones, no ha hecho más que empezar. De momento, solamente hay sobre la mesa un informe de expertos que ahora tiene que remitirse a su estudio en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, a la evaluación de los sindicatos y la patronal.
El Gobierno ya se teme que el camino va a ser arduo y largo y, por ello, ya en sus primerísimas etapas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, avisó de que el Ejecutivo está dispuesto a legislar si los acuerdos se hacen esperar demasiado.
La misma impaciencia muestran los componentes de la troika, quienes consideran que quedan muchos agujeros por tapar en el sistema financiero español, hasta el punto de que han dado pie para especular sobre si será necesario llevar a cabo un segundo rescate del sistema bancario. Y la debilidad de la banca ha hecho también que la Ley de Emprendedores se quede a medio gas. El Gobierno ya ha dejado claro que no dotará a esta norma de ninguna financiación pública específica.
Rajoy no modificará la reforma laboral
