Los exbanqueros y exconsejeros y directivos de las antiguas cajas que se enfrentan a la justicia alcanza los 124. Los presuntos delitos afectan a todos los colores políticos y se extiende por casi toda la geografía.
¿Qué ha pasado en las cajas de ahorros? ¿Por qué han caído? ¿Cómo se han gestionado? ¿Sus directivos han cometido delitos? Esto es lo que desde muchas instancias se preguntan y el Gobierno prefiere mantener oculto. No quiere remover en aguas pantanosas que enturbien aún más el panorama económico, político y social, según fuentes de distintos ministerios. No pretende buscar culpables ni responsables de la caída de unas entidades que han costado nada más y nada menos que unos 100.000 millones de euros al erario público. Hay temor a lo que se pueda destapar, sostienen.
Aunque de vez en cuando algunos ministros se muestran públicamente a favor de esclarecer todo lo sucedido en el sector financiero, sus movimientos ponen de manifiesto lo contrario. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, tan sólo ha actuado de oficio y ha presentado querellas por los casos de las escandalosas prejubilaciones e indemnizaciones recibidas por la cúpula. Y no en todos.
Existen causas, incluso, en el que la Fiscalía es contrario a la investigación y la decisiones judiciales. Dos ejemplos son recientes. El primero es la orden de prisión incondicional para Miguel Blesa por la compra de City National Bank of Florida por parte de Caja Madrid en 2008, en la que hasta el ministro de Justicia y antiguo amigo del exbanquero, Alberto Ruiz Gallardón, ha cuestionado la medida adoptada por el magistrado Elpidio José Silva. El segundo es la imputación de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por un presunto delito de cohecho en CAN -cobro de dietas irregulares-, medida que tendrá que ser ratificada por el Supremo por su condición de aforada.
El papel del Frob
El Gobierno no sólo cuenta con la Fiscalía para poder actuar y ser proactivo en la investigación de eventuales delitos en la gestión de las cajas de ahorros. Este es el Frob, fondo de rescate que controla Bankia, Novagalicia, CatalunyaBanc y BMN, y que tuvo bajo su poder a Banco de Valencia hasta su venta a Caixabank.
Únicamente en esta última entidad se ha promovido la vía judicial para esclarecer lo sucedido antes de la intervención. Tiene abiertas ocho denuncias contra sus exdirectivos y empresarios de la región, de las cuales doce ya están imputados, tras las recientes decisiones de la Audiencia Nacional.
Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hacía referencia a estas querellas. Se están haciendo "análisis forénsicos" en los que se estudian las operaciones y aquellas que son sospechosas se ponen en conocimiento de la Justicia.
El director general del Frob, Antonio Carrascosa, anunció el pasado mes que además de estas investigaciones internas realizadas en Banco de Valencia, la institución ha iniciado los trámites para personarse en diez causas abiertas en los tribunales, iniciadas por la acusación de otras organizaciones y partidos.
Según fuentes jurídicas, la personación del Frob es interesada y en ningún caso va en calidad de acusación, sino para comprobar de primera mano las declaraciones que realizan los encausados y los testigos citados por los jueces.
La lista de imputados y acusados ha aumentado en las últimas semanas. Los exbanqueros y exconsejeros y directivos de las antiguas cajas que se enfrentan a la justicia alcanza los 124. En poco menos de quince días se han imputado a parte de la cúpula de Caja Navarra, de Banco de Valencia y de Bankia. Además, está en marcha el estudio por parte de la Audiencia Nacional para poner en marcha un procedimiento para esclarecer posibles delitos por la comercialización de las polémicas y ruinosas participaciones preferentes, a petición de cuatro colectivos de afectados.
La Fiscalía, como en otros casos, se opone a que sea la Audiencia Nacional la que instruya estos procesos y sostiene que no hay indicios penales en la venta de estos productos, por los que clientes de las entidades que han recibido ayudas acumulan pérdidas de, al menos, el 39 por ciento de media.
Los procesos son lentos y, por lo general, cuentan con dilatados periodos en los que los magistrados realizan su trabajo sin necesidad de tomar declaraciones hasta encontrar nuevas pruebas o indicios.
Del más de centenar de afectados en estos casos judiciales, algunos de ellos ya han recibido el primer castigo. El más relevante es del de Miguel Blesa, que en menos de tres semanas ha pisado la prisión de Soto del Real dos veces. En la segunda ocasión, de manera incondicional sin fianza.
En el resto de decisiones todas tienen el mismo objetivo y se producen por los mismos motivos: el cobro de prejubilaciones e indemizaciones millonarias. Los magistrados han impuestos a los directivos de Novacaixagalicia, Caixa Penedés y CAM el pago de fianzas para mantener su libertad. Al igual que como hiciera Blesa a mediados del mes de mayo, éstas han sido depositadas.
En la lista de imputados y acusados hay exbanqueros, políticos y expolíticos, sindicalistas y empresarios. Todos ellos colectivos que durante décadas controlaron las cajas de ahorros y que al calor de la burbuja inmobiliaria las gestionaron, en algunos casos, para su propio beneficio, como demuestran los informes periciales realizados en varios procesos de instrucción.
De todos ellos destaca la figura de un exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por su etapa como presidente de Bankia. Se encuentra como el resto de imputados en la causa que instruye el juez Fernando Andreu por cinco delitos relacionados con la salida a bolsa del grupo a mediados de 2011.
Pero, entre los afectados, están también presidentes de comunidades autónomas, como la citada Barcina o Miguel Sanz -ambos de Navarra.
En calidad de imputados podría unirse otro exvicepresidente del Gobierno si finalmente la justicia admite a trámite la querella presentada contra varios consejeros y directivos de la antigua CatalunyaCaixa. Se trata del socialista Narcis Serra.
Los presuntos delitos afectan a todos los colores políticos y se extiende por casi toda la geografía. Sólo tienen el nexo en común de haber pertenecido a los órganos de las antiguas cajas de ahorros.
Editorial: Caso Blesa un pastel del que todos comieron
