
El secretario general de CSI-F, Miguel Borra, ha anunciado este viernes que su organización ha decidido no apoyar la convocatoria de huelga general que los sindicatos CCOO y UGT han convocado para el próximo 14 de noviembre, al considerar que debe prevalecer la "responsabilidad social", por los "resultados de la acción sindical" y para preservar "el principio de independencia del sindicato".
En rueda de prensa, Borra ha explicado que la Comisión Nacional de CSI-F acordó en la jornada de ayer no secundarla, dado que la huelga general "no es el instrumento mas idóneo cuando se especula sobre un posible rescate en España" y puede incrementar la "desconfianza" hacia el país".
De esta forma, CSI-F decide desligarse del resto de sindicatos de la función pública que habían pactado sumarse a la convocatoria de paro general promovida por las centrales mayoritarias, UGT y CCOO, y las 150 organizaciones que integran la Cumbre Social, en el marco de la jornada europea de protestas para rechazar las políticas de ajuste y austeridad diseñadas por el Ejecutivo español.
La cuenta atrás de la huelga general
CCOO y UGT, a través de sus secretarios de Organización, Antonio del Campo y José Javier Cubillo, presentaron ayer en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbritraje (SIMA) la convocatoria de huelga general para el 14 de noviembre.
Este trámite, con el que se da el 'pistoletazo de salida' al paro general, forma parte del compromiso que adquirieron sindicatos y empresarios en el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) de llevar los conflictos laborales ante el SIMA, incluyendo entre ellos los que den lugar a una huelga en toda España.
Así presentaron el acta de conciliación ante el SIMA para instar a un proceso de mediación, con un plazo aproximado de tres días. Si no se logra un acuerdo con el Gobierno, cosa improbable en este caso, se procede a convocar formalmente la huelga mediante la inscripción de la convocatoria en el registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, trámite que CCOO y UGT llevarán a cabo, previsiblemente, la próxima semana.
La ley obliga a comunicar la convocatoria de huelga con cinco días naturales de antelación si se trata de empresas privadas y con diez si afecta a empresas privadas o públicas que prestan servicios a la ciudadanía.
Una vez convocada de manera oficial, arrancará la negociación de los servicios mínimos. El transporte suele ser uno de los puntos sensibles en este proceso, aunque en la pasada huelga general, la del 29 de marzo, no hubo demasiado problemas para cerrar los mínimos al adoptarse lo pactado para la huelga general anterior, la del 29 de septiembre de 2010.