El Gobierno busca estos días de dónde sacar 600 millones de euros para mantener la ayuda de 400 euros que reciben los parados que han agotado la prestación por desempleo, el denominado Plan Prepara.
La intención del Ejecutivo es mantener este subsidio para evitar tensiones sociales, puesto que lo que nació como una ayuda ligada a la reinserción laboral ha terminado por convertirse en un subsidio para cubrir necesidades primarias.
Y busca el dinero a contrarreloj, pues el Plan expira mañana, aunque fuentes del PP reconocen que juegan con un plazo extra hasta el Consejo de Ministros del 24 de agosto, ya que una orden ministerial es suficiente para que siga en vigor. Es decir, la intención del Gobierno es aprobarlo con carácter retroactivo.
Hasta el 15 de agosto se han destinado 525 millones al Plan Prepara, a lo que se sumó una ampliación de crédito de 225 millones. En total, 750 millones este año.
Pero mantener la ayuda de los 400 euros desde el 16 de agosto obligaría a Hacienda a realizar una ampliación de crédito, para lo que queda de año, de unos 450 millones, siempre que el ritmo de parados que agotan la prestación por desempleo se mantuviera estable, a lo que habría que sumar otros 150 millones para llegar hasta mediados de febrero.
A cierre de julio, en torno a medio millón de parados se habían beneficiado de esta ayuda, a un ritmo de 30.000 nuevas solicitudes al mes. Pero si se cumplen las previsiones que apuntan a que el mercado laboral continuará destruyendo empleo, o no creándolo, el ritmo de peticiones se podría acelerar. Justo ahora que, como recuerdan las fuentes del PP, "no hay dinero y nos cuesta que nos lo presten".
Los sindicatos calculan que no mantener el Prepara dejaría sin cobertura a unos 200.000 parados de forma inmediata, y a 600.000 personas en un año. Desde el PSOE creen que 230.000 personas se beneficiarían de la prórroga.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que si el Ejecutivo no prorroga la ayuda o no lo hace "como debe hacerlo" presentará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en septiembre, con la que espera recabar un millón de firmas.
El diputado socialista Juan Moscoso explicó a elEconomista que Rubalcaba se refería a que ya existen contrapartidas a cambio de cobrar los 400 euros, por lo que si se cambian las condiciones de acceso de manera que imposibilite recibir la prestación, seguirán adelante con la ILP.
Petición sindical
UGT y CCOO, por su parte, volvieron a exigir al Gobierno que prorrogue la ayuda y rechazaron el argumento del Ejecutivo de la baja tasa de intermediación "no se sostiene". "La condición necesaria para encontrar un empleo es que exista, y esto no se producirá hasta que empiece a haber actividad económica", explicaron.
Ayer mismo, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, explicó que si el Gobierno no se ha pronunciado aún sobre los 400 euros es porque está viendo "la forma en la que se pueda lograr que éste sea un elemento instrumental para poder conseguir empleo". Por su parte, en una entrevista radiofónica, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, pidió al presidente del Gobierno que "haga todo lo posible por mantener esta prestación". Aunque admitió que hay que hacer ajustes, porque el anterior Ejecutivo dejó la caja "temblando", recordó que se trata de personas que "no tienen otra cosa para vivir".
Eliminar la ayuda creará "violencia"
El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, advirtió ayer de que no prorrogar la ayuda de los 400 euros sería una "tragedia" en la región, que podría generar "problemas grandes de violencia".
En caso de que desapareciera el Plan Prepara "sí que va a haber problemas grandes en supermercados, y problemas grandes de violencia", dijo Chamizo en referencia a los asaltos a supermercados de la pasada semana promovidos por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). "Espero que ese error no se cometa -la eliminación de los 400 euros- y se busque el dinero de donde sea", concluyó.
Hacer una ayuda más eficaz
