El Servicio de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid denunció ayer que la reducción que se pretende aprobar por la asamblea madrileña, prevista en un 20%, se aplicará sobre unos baremos que no se actualizan desde el año 2003, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo para estos abogados 50%, a lo que se añade el retraso endémico en el pago de la Administración autonómica sobre las actuaciones ya realizadas y debidamente justificadas, situación que ha supuesto al Colegio un coste añadido de 2 millones de euros.
En su nota el Colegio de Abogados de Madrid pide la reconsideración de la medida, tanto en Madrid como en otras autonomías, para evitar que los ciudadanos con muy escasos recursos afectados por desahucios o despidos, las víctimas de violencia de género o los imputados por delitos comunes que no pueden pagar una defensa, todos en situaciones de especial vulnerabilidad en este momento de crisis y a quienes "no se podrá garantizar, con la misma eficacia que hasta ahora, la presencia inmediata de un abogado, sufran situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia".
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