La economía española recibiría una inyección de 28.590 millones de euros si consumidores, empresas y administraciones públicas pagaran sus facturas pendientes, según el Indice de Riesgo 2012 presentado este martes en rueda de prensa por la multinacional sueca Intrum Justitia.
En el estudio, elaborado a partir de una encuesta a casi 8.000 empresas de 28 países europeos, se señala que este montante ascendería a 340.000 millones de euros en el conjunto de Europa, cifra equivalente al total de la deuda griega o una tercera parte del gasto sanitario anual en Europa.
Por primera vez desde que se publica este estudio, que ya va por su octava edición, España se ha situado en la zona más comprometida del mapa europeo, al elevarse su índice de riesgo hasta 170, nivel de emergencia que urge a intervenir para reducir el nivel de riesgo.
El informe releva que ocho de cada diez empresas españolas tienen problemas de liquidez derivados de los retrasos en los pagos, proporción que ha aumentado en cuatro puntos durante el último año y que sitúa a España en el tercer lugar del ranking europeo, sólo por detrás de Grecia y Portugal.
El dato español contrasta con el 57% de la media europea y con resultados como el de Finlandia, donde sólo el 37% de sus empresas tienen dificultades de tesorería por la tardanza en abonar las facturas impagadas.
Las empresas españolas, las que más tardan en pagar
De acuerdo con los resultados de este informe, aunque se aprecia una ligera mejora con respecto a 2011, el plazo medio de pago en España continúa duplicando al europeo. En concreto, este plazo alcanza en España los 105 días (uno menos que el año pasado), frente a los 51 días de la media europea.
También las empresas españolas han reducido el plazo medio de pago este año respecto al anterior, desde 99 a 97 días, en contraste con los 52 días del promedio europeo. No obstante, por primera vez, las empresas españolas escalan hasta la primera posición del ranking europeo como las que más tardan en pagar, por delante de las empresas italianas y de las portuguesas.
Los consumidores españoles también han reducido su plazo medio de pago, desde los 68 a los 60 días, frente a los 38 del promedio europeo. A diferencia de empresas y consumidores, las administraciones públicas españolas han incrementado el plazo de pago hasta los 160 días, frente a los 153 del año pasado. A nivel europeo, la administración pública paga sus facturas en una media de 65 días.
Para el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, estas cifras demuestran la falta de eficacia, hasta la fecha, de la Ley de Morosidad, pues los plazos de pago han mantenido su escalada, salvo en el caso de los consumidores, que no están contemplados en la mencionada norma.
Este estudio también revela que dos tercios de las empresas españolas ha tenido problemas de liquidez a causa de la recesión y que más de la mitad (el 54%) no confía en la capacidad de los bancos como apoyo. El 90% tampoco confía en el Gobierno y el 95% piensa que el riesgo de impagos aumentará o permanecerá en el mismo nivel durante los próximos doce meses.
¿Tendrá más tiempo España para 'cumplir'?
