El Gobierno español decidió este viernes extraditar a Argentina al ex militar Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por delitos cometidos durante la dictadura en el país sudamericano (1976-1983), en una decisión incomprensible para las acusaciones en España.
El Gobierno "ha acordado la entrega en extradición de Ricardo Miguel Cavallo a las autoridades argentinas", afirmó la número dos del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, tras el semanal consejo de ministros.
El Ejecutivo socialista español ha tomado esta decisión después de que el pasado día 22 México autorizara a las autoridades españolas a entregar a Cavallo a su país, donde es reclamado por el juez Sergio Torres.
La decisión también contradice el auto del Tribunal Supremo español, que había considerado a la Audiencia Nacional competente para juzgar a Cavallo en España.
"No podemos entender la decisión del Gobierno español", afirmó a AFP el abogado argentino Carlos Slepoy, integrante de las acusaciones particulares en el proceso que se sigue en España contra Cavallo.
El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "ignora a la justicia española", añadió Slepoy, quien afirma no explicarse como Madrid puede tomar está decisión "apresurada sin consultar a la Audiencia Nacional".
Cavallo está siendo procesado en España y su entrega debería producirse "una vez que cumpla con sus obligaciones procesales en España", dijo Slepoy, antes de confiar en que el Gobierno español "rectifique".
Las acusaciones particulares personadas en la causa contra Cavallo en España habían solicitado el pasado lunes que éste sea juzgado en España.
Las acusaciones pedían a la Audiencia Nacional que fijara un fecha para el comienzo del juicio oral contra el ex capitán de corbeta argentino.
Ricardo Miguel Cavallo, alias 'Serpico' y 'Marcelo', había sido detenido en México en 2000 y extraditado a España tres años después a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de su instrucción sobre los crímenes cometidos durante la dictadura argentina.
Cavallo, quien fue reconocido por supervivientes de los centros de detención ilegales de la dictadura argentina, había sido reclamado a México acusado de 227 desapariciones y 110 secuestros y la fiscalía pedía para él en España un total de 17.000 años de prisión.
Posteriormente, el juez argentino Sergio Torres solicitó a España, a finales de diciembre de 2006, la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar.
Torres investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, y en donde colaboró Cavallo.
En un primer momento, la Audiencia Nacional decidió inhibirse en favor de los tribunales argentinos dando "prioridad al 'locus delicti' (el lugar donde se cometió el delito: ndlr)", pero posteriormente el Tribunal Supremo consideró que la justicia española es competente para procesar a Cavallo.
Cavallo es el segundo argentino cuya extradición por delitos de lesa humanidad autoriza el Gobierno español, después que el pasado día 15 aprobara la entrega del ex policía argentino Rodolfo Almirón, antiguo jefe de la organización paramilitar Triple A.
La justicia española ya había también condenado en 2005 a 640 años de prisión, posteriormente aumentados hasta 1.084 años, al ex represor argentino Adolfo Scilingo.
