
Las investigaciones de los escándalos de Mercasevilla, ERE, Invercaria han alcanzado al actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo Manuel Chaves, señalados con el dedo de Francisco Guerrero. Ambos lo niegan. Pero hay más nombres salpicados.
Los dos socialistas niegan su implicación en una trama de corrupción que abarca más de diez años. Es más, solicitan que se esclarezca los sucedido cuanto antes y que se depuren responsabilidades, si bien, el actual Gobierno andaluz se ha opuesto a la creación de comisiones de investigación.
Manuel Chaves, al frente de la Junta de Andalucía el primer periodo que coincide con el inicio de los escándalos, asegura que no conoce al que fuera director de Trabajo de la Junta, Francisco Guerrero. Y desmiente todas las informaciones que éste vertió en su declaración la pasada semana.
Guerrero insiste en que recibió un documento del Gabinete de la Presidencia donde le ordenaban solucionar el conflicto de la empresa Bilore, de Lucena (Córdoba), porque Chaves iba a celebrar allí un acto político.
Pero hay más implicados. El principal imputado en la trama ha reiterado que los borradores del decreto y órdenes sobre estas subvenciones se veían en el "consejillo" o reunión preparatoria de las sesiones del Consejo del Gobierno andaluz, órgano presidido por Gaspar Zarrías como consejero de la presidencia, recoge este jueves ABC.
El candidato a la reelección
Además, el expresidente de la Junta mantuvo a un amigo de la infancia Tomás Pérez Sauquillo, al frente de Invercaria, empresa pública dependiente de la Junta, que supuestamente habría redactado informes falsos para hacer frente a una auditoria y así tapar los créditos a empresas sin control ni procedimiento.
El escándalo de corrupción salpica al candidato socialista a la reelección a la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán. Y ya no sólo por mantener en el cargo a el director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera y a su antecesor, también miembro de su gabinete, Juan Márquez, sino que él mismo estampó su firma en los presupuestos andaluces que autorizaba incrementar la partida 31-L, más conocida como "fondo de reptiles", en 1,2 millones de euros.