La reforma laboral "impuesta" por el Gobierno establece una situación de "grave desequilibrio" a favor de los empresarios frente a los trabajadores, por lo que es "injusta" y será "ineficaz", según un informe elaborado por la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).
El colectivo, que tacha la reforma de auténtica "desregulación", asegura que el Gobierno ha errado el tiro, ya que "la clave para resolver el problema del empleo no reside ni de lejos en la legislación" laboral, que "no era rígida en absoluto", sino en la "brutal restricción del crédito en las empresas" y en la contracción del sector público.
Según argumenta, de no haber sido así, España no habría sido el país con mayor crecimiento de empleo de Europa durante los años de expansión y crecimiento económico.
"La reforma laboral es la expresión de un nuevo y grave desequilibrio entre empresarios y trabajadores, que poco tiene que ver con el fomento del empleo y mucho con el establecimiento de un nuevo e injusto marco de relaciones laborales en el que el empresario refuerza su hegemonía a costa de reducir la intervención de los trabajadores y de los poderes públicos", añaden los inspectores.
Contrato de emprendedores, contrato temporal
Además, el informe hace precisiones sobre algunos de los aspectos más relevantes de la reforma y lanza las principales críticas hacia el contrato para emprendedores, por el que el empresario puede contratar con un periodo de prueba de un año, a cuyo término puede prescindir del trabajador sin coste alguno.
Según UPIT, con independencia de la "más que dudosa legalidad" de este periodo de prueba, esta medida lo que realmente establece es "un nuevo modelo de contrato temporal por máximo de un año".
Asimismo, el colectivo critica que los elementos de flexibilidad interna introducidos en la reforma "no se compensan con mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes en la empresa, ni con elementos de control público para impedir el abuso".
Otras de las objeciones al texto se refieren a la "inestabilidad" derivada de la mayor facilidad para despedir y a la "consagración de la privatización" tanto de los servicios de colocación como de la formación profesional, que dejan a los Servicios Públicos de Empleo (SPEE) en una situación de "subsidiariedad".
¿Peligra el derecho al trabajo?
