El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encendía la mecha. Ha anunciado un cambio en la ley para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. Mientras que los expertos jurídicos destacan la dificultad que supondría acotar y definir las responsabilidades penales de los gestores públicos, las reacciones no se han hecho esperar.
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó los planes del Gobierno para imponer sanciones penales a los gobiernos autonómicos que superen el límite de gasto y acusa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pretender actuar como el Tribunal Supremo y de expandir "cortinas de humo".
"El Todos a la cárcel de Berlanga"
"Si aplicásemos ese criterio a los bancos, los particulares y las administraciones públicas estaríamos en la locura, en el Todos a la cárcel de Berlanga y esa no es la forma de funcionar en un Estado democrático", ha comentado en la Cámara Baja. En este contexto, ha recordado que la "responsabilidad de los gobernantes es con sus votantes" y que, cuando éstos cometen un delito deben responder ante la Justicia.
"Pero el señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo porque no lo es", ha advertido, antes de instarle a cumplir con su obligación de garantizar que "funcione bien la Hacienda pública" en lugar de montar "cortinas de humo para eludir su responsabilidad en esta materia".
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al ministro de Hacienda de que las responsabilidades penales sobre los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo presupuestado recaerán sobre todo en cargos del PP. "Si el Gobierno quiere perseguir penalmente a gestores, tiene a muchos representantes del PP que han hecho un uso absolutamente inadecuado de los recursos públicos como ha sucedido en la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid", ha sentenciado. Algunas de las instituciones más endeudadas per cápita de Europa están gobernadas por los populares, por lo que ha zanjado: "El primero que tendría que aplicarse la medicina es el PP".
¿Penalizaciones retroactivas?
Por su parte, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, aseguraba que las sanciones penales a los gestores públicos deberían ser retroactivas y que, al igual que ocurre con la deuda, "aquí no debe haber prescripciones". "Creo que se quedó corto el ministro", ha señalado Monago en su visita al stand de Extremadura en FITUR.
"¿Aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería, invitando a todo el mundo, dejando a deber y no pasa nada? ¿Qué pasa a partir de ahora?", se ha preguntado Monago, antes de recalcar que él cree que las responsabilidades serán para todos, "para los que están y para los que estuvieron", porque "aquí no hay prescripciones".
El margen limitado de las CCAA
El diputado de CiU, Carles Campuzano ha calificado de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las comunidades autónomas, y ha asegurado que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos. Recordó que las comunidades "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, asumiendo las responsabilidades "con un margen de actuación limitado".
Desde el PNV, su portavoz económico, Pedro Azpiazu, también cuestionaba la medida. "Yo no sé si la legislación da para tanto" como para permitir exigir responsabilidades legales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, y ha asegurado que es una idea "muy fuerte" de la que no se debe hablar "de momento". En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Azpiazu aseguraba que es mejor "convencer" y "llegar a acuerdos" para controlar el déficit publico antes que plantear sanciones legales.
Las responsabilidades políticas, en el Parlamento
El ex vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial Manuel Chaves ha asegurado que a los gestores que se excedan en el gasto sólo se les podrán exigir responsabilidades públicas "si comenten un delito", de lo contrario se trata de una responsabilidad "política" que se debe exigir en el Parlamento.
"Es lo propio y normal de un Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática: el que comete un delito, a la Justicia; las responsabilidades políticas en el Parlamento", ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras ser nombrado presidente de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.
Chaves ha precisado no obstante que hasta no conocer la propuesta concreta avanzada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no se puede "pronunciar" al respecto.
"Igual que los empresarios que quiebran empresas"
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aplaude el anuncio realizado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de exigir responsabilidad penal a los gestores públicos que incumplan con el déficit fijado y gasten más de lo presupuestado.
En un comunicado, ATA considera "lógico" que los gestores públicos tengan que responder de su mala gestión cuando llevan "a la ruina" a una administración, igual que lo hacen los empresarios cuando quiebran las empresas.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recuerda que los autónomos sufren en primera persona el aumento del déficit y el mal control del gasto público, ya que padecen una morosidad pública cifrada en más de 15.000 millones de euros, con más de cuatro millones de facturas pendientes de cobro y un tiempo de demora que triplica a la media de la Unión Europea.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba hoy que esas responsabilidades penales se exigirán por ley, que podría ser en una futura Ley de Transparencia o en la anunciada Ley de Estabilidad Presupuestaria, como prometió hace meses la hoy vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno perseguirá a los malos gestores
