Los expertos jurídicos han destacado la dificultad que supondría acotar y definir las responsabilidades penales de los gestores públicos derivadas de elevar el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, dados los imprevistos que pueden surgir en la gestión pública.
Los letrados, expertos en derecho penal, coincidieron en afirmar que la regulación debería incluir un capítulo determinado de imprevistos, ya que, además de cubrir las necesidades básicas establecidas en los presupuestos, las distintas administraciones públicas pueden tener que hacer frente a urgencias medioambientales o sanitarias, entre otras.
De esta forma, los expertos explicaron que se puede responsabilizar a los gestores públicos a asumir obligaciones corrientes con un presupuesto determinado, pero destacaron la dificultad de definir los delitos de malversación de fondos públicos cuando surgen imprevistos.
Además, los abogados destacaron que establecer este tipo penal requeriría una reforma del Código Penal, mediante el desarrollo de una Ley Orgánica. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba este miércoles que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.
Los expertos destacaron que la medida puede ser satisfactoria para controlar la legalidad de los contratos públicos y la fiscalización de comunidades autónomas y ayuntamientos. En este sentido, destacaron que las responsabilidades personales recaerían sobre los políticos, así como sobre los técnicos encargados de las licitaciones públicas y de las auditorías de cuentas de las administraciones públicas.
En este sentido, Montoro afirmó que "un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", quien añadió que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen igual delito.
Tendrá que concretarse en el Código Penal
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha aclarado que la propuesta del Gobierno de aplicar sanciones penales a aquellas administraciones que asuman gastos sin el correspondiente respaldo presupuestario tendrán que concretarse en el Código Penal.
"Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asumen gastos sin respaldo presupuestario, es decir, al margen de la ley que tiene que guiar el gasto, que es el presupuesto", ha explicado.
En este contexto, ha recordado que, en un Estado democrático, las responsabilidades penales tienen que atenerse al principio de legalidad y sólo pueden establecerse por la vía del Código Penal. "El Gobierno tendrá que concretar cómo lleva adelante esta reforma, pero no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el Código", ha agregado Alonso.
