El juez central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se encargará de decidir si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación sobre las actividades del Instituto Noos de Investigación Aplicada, administrado hasta 2006 por el duque de Palma Iñaki Urdangarín, según han informado fuentes jurídicas.
El Juzgado del magistrado ha sido designado por reparto para pronunciarse sobre el escrito presentado el pasado viernes por el abogado del ex presidente balear Jaume Matas, en que solicita a la Audiencia Nacional que asuma la instrucción de la causa -dependiente de un juzgado de Palma de Mallorca- al afectar el caso a tres comunidades autónomas distintas: la catalana, la balear y la valenciana.
Según desvela el escrito del letrado Antonio Alberca, la investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente de la fundación, Diego Torres, desviaron a través del Instituto fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos.
Precisamente, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha señalado hoy en Palma, antes de presidir la Junta de Fiscales Superiores, que de momento se puede seguir investigando la causa en Baleares por parte de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en las islas.
Los supuestos perjudicados
Para el abogado de Matas, la instrucción de la causa no corresponde al juez del caso Palma Arena, José Castro, sino a la Audiencia Nacional ya que los supuestos perjudicados son organismos públicos de Baleares, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid.
En 2005 y 2006, cuando Matas era presidente, el Govern balear firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, y Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero se desvió a empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.
Por ello, Anticorrupción, que la semana pasada practicó varios registros e interrogatorios en Barcelona, investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
Según consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena para autorizar los registros llevados a cabo por Anticorrupción, Urdangarín entró en 2003 como administrador del Instituto Nóos y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.
"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", sostiene el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach.
De esa manera, destaca el fiscal, conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
"Entramado societario"
No obstante, afirma Anticorrupción, organizaron simultáneamente un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos.
"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", describe el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín
Entidades
Conde-Pumpido no hará diferenciación con Urdangarín