Los recortes en el gasto que están realizando los distintos Ejecutivos autonómicos ya dejan su rastro humano. Los números ya tienen cara, nombre y apellido. Las historias personales y familiares van saliendo a la luz y elEconomista recoge algunas de estas historias.
Unas no han traspasado todavía el ámbito profesional pero son igualmente dramáticas, como la de Carmen Carrión, gerente de la proveedora de material sanitario Dismeval, de la Comunidad Valenciana. Los proveedores de la Sanidad valenciana saben que desde hace meses las facturas de más de 1.000 euros no se pagarán en 2011 ni tienen fecha de cobro, aunque pueden hacerse una idea porque aún les deben facturas de 2009 y 2010. Por ello, Carrión va a plantear esta semana a sus nueve empleados una reducción de jornada y de sueldos. "El otro día tuve que decirle por primera vez en mi vida a un proveedor que no le podía pagar, así que he decidido dejar de vender determinadas cosas, no quiero que mi comercial venda más porque no voy a cobrar", afirma.
Según Carrión, sí que hay recortes en Sanidad, aunque el paciente no lo note, de momento. "Cada hospital tiene una caja fija con la que paga las facturas pequeñas y La Fe, principal hospital de la Comunidad Valenciana, ha pasado de 1,5 a 0,5 millones de caja fija", explica, por lo que ya no queda dinero y ya no paga. "Esto supone que si yo facturo 200.000 euros al mes estoy cobrando 2.000 ó 3.000 euros", apunta la gerente de Dismeval.
Tesis interrumpidas
En la autonomía que preside Alberto Fabra también sufre esta situación Miriam Stumpf. Vino a España a doctorarse, tras acabar la carrera de Biología Humana en Marburgo (Alemania). Eligió el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia por su prestigio en el ámbito de la biomedicina y allí lleva casi dos años como becaria, investigando sobre la función de una proteína en el cáncer en el equipo de Rafael Pulido. El estatuto del personal investigador en formación le otorgaba dos años de beca (13.200 euros al año) y dos de contrato (mileurista), pero ya sabe que el próximo 1 de enero, cuando acabe su beca, se quedará en la calle y con la tesis a medias por culpa de los recortes.
"Estoy planteándome empezar con otra tesis en otro sitio, porque para la carrera científica es mortal este parón, pero en cualquier caso son dos años perdidos", comenta esta estudiante de 26 años a elEconomista. Su situación se debe al recorte de la dotación de la Generalitat para el mantenimiento del centro -de 9,7 millones en 2009 a 4,6 este año y 2 millones el próximo- y a la supresión de una subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 1,7 millones. De 27 líneas de investigación que tiene el centro quedarán 12, aún por decidir, y la plantilla de 250 investigadores y 50 de personal administrativo sufrirá un severo recorte.
En Cataluña, a los recortes en Sanidad les pone voz Ignaci P., trabajador interino en el hospital de Bellvitge en Barcelona. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha anunciado que, de aquí a final de año, necesita rebajar un 10% su masa salarial para ahorrar 45 millones y ajustar su gasto al presupuesto. La dirección del ICS ha propuesto: o todos los trabajadores renuncian a la mitad de la paga de Navidad o la alternativa es despedir a 1.500 interinos. Ignaci está muy preocupado por si le toca a él. Hace cinco años, junto a su compañera, se compraron un piso pequeño en Viladecans y la hipoteca mensual asciende a 500 euros. Con su sueldo de 1.150 euros ha podido afrontarla sin problemas pese a que su compañera no tiene un salario fijo.
Para intentar llegar a un acuerdo, el ICS ha propuesto a los sindicatos una tercera vía de ajuste: rebajar el sueldo y la jornada laboral de los interinos en un 25%. Ese recorte, más una menor retribución inferior de las guardias permitiría alcanzar el ahorro que se exige. "Creo que es la vía que quieren forzar desde la gerencia, pero para mí es una muerte lenta, si paso de cobrar 1.150 a cobrar 885 euros y sin guardias, las cuentas no me salen", explica Ignaci.
Pero los ajustes no afectan sólo al área sanitaria. María Teresa M. es la responsable de la gestión de una escuela concertada en Barcelona. Este tipo de colegios tienen pagado el profesorado (que percibe directamente los sueldos de la Generalitat) y reciben una trasferencia mensual para hacer frente a parte de los gastos que tiene la actividad educativa. Desde julio, la Administración no paga la transferencia. "La situación será insostenible si se alarga más de dos meses, ya que tenemos que pagar los gastos de limpieza y sin ese dinero que recibimos no podremos hacer frente al pago de ese servicio", señala. Las escuelas concertadas en Cataluña suelen cobrar también una cuota a los padres. "Pero aquí también hemos notado los efectos de la crisis, ya que tenemos alrededor de un 10% de familias que han devuelto los recibos".
En la Comunidad de Madrid, los recortes en el ámbito educativo les han explotado de lleno a los profesores interinos. Emilia Sánchez Prieto, profesora en Formación Profesional y en Secundaria, no ha conseguido plaza este curso debido a que no se han renovado los contratos. "Llevo sin trabajar como profesora desde junio. No sé quién habrá examinado a mis alumnos en septiembre". El futuro lo ve muy negro: "No espero volver a trabajar de profesora". Gracias a que en su día aprobó una oposición de conserje, ahora trabaja en un centro público. "Pero ingreso la mitad. Tengo una hipoteca de 500 euros y sólo gano 1.000. Tendré que dar clases particulares".
En el País Vasco, María Esther, de 45 años y con tres hijos, profesora de Secundaria, cubre sustituciones desde hace años. Este año ha logrado plaza casi de milagro, pero a cambio tendrá que desplazarse a más de 70 kilómetros para ir a trabajar. María Esther asegura que "se han reducido las sustituciones. Hay recortes en cursillos de formación y en liberaciones de profesorados para esa formación".
De nuevo, cae la construcción
La construcción es otro de los campos donde más se están notando los ajustes. Ana es topógrafa y lleva más de un año en el paro. De vez en cuando consigue contratos semanales o mensuales en las más variadas profesiones. Ana trabajaba en una empresa constructora especializada en obra pública, pero a medida que se han ido terminando las ejecuciones de obras y las Administraciones no contratan nuevas, su compañía entró en crisis. "Nos han echado a casi todos, ya no se contrata nada", se lamenta.
Aunque en Castilla y León no hay medidas de ajuste concretas por el momento, los avisos de los responsables del Gobierno son unánimes: se reducirá, o directamente se suprimirá, la construcción de nuevos equipamientos. Isabel de Blas, presidenta de la Cámara de Contratistas, reconoce que "hasta ahora hemos sufrido una caída de la licitación de un 65% respecto al pasado año y ahora todo el mundo habla de nuevos recortes en el capítulo de inversiones, pero no sabemos el alcance que puede tener". Asegura que "lo que está claro es que la actividad en el sector está parada. La obra que está saliendo a licitación se está ejecutando tarde y sin partida presupuestaria para este año. En realidad estamos haciendo lo que teníamos de atrás, aunque realmente es muy poco".
¿Y del empleo que? De Blas revela que de las 137.000 personas que el sector ocupaba en 2007 se ha pasado a 80.000, diferencia que, vaticina, aumentará a final de año.
Hasta el deporte
Los ajustes llegan a todo tipo de actividades. La Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León se teme también lo peor. Este año la reducción de las ayudas de la Junta ha sido de un 20%, a lo que se suma la pérdida de varias de las subvenciones que recibían de algunas cajas de ahorros. La Federación es una entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con distintas discapacidades: intelectual, física, sensorial (sordera y ceguera) y mixtas (parálisis cerebral). Su director técnico David Fernández confía en que la Junta les siga dando apoyo, aunque insiste en que los apenas 40.000 euros que han recibido en este ejercicio no permiten nuevos recortes. "Proporcionalmente somos la federación que menos recibe. Ahora sólo pedimos que nos mantengan lo que tenemos".
También hablan los afectados por los recortes municipales, esta vez en Andalucía. La plantilla municipal de Coín (Málaga) se ha reducido de 615 trabajadores a 415 a base de no renovar el vencimiento de contratos temporales. José Marmolejo, de 46 años, es uno de los 250 empleados fijos (funcionarios y laborales) que lleva agosto y septiembre sin cobrar su sueldo. Sólo se le han ingresado 400 euros de la nómina de ese primer mes. "Mi mujer está en paro y tengo dos hijos, uno que está en la ESO y otra hija que ha empezado la universidad".
Desde hace más de cuatro años, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir (integrada por once municipios de Sevilla y Cádiz) viene teniendo problemas para pagar puntualmente sus nóminas. Pero la crisis económica, y la consecuente falta de fondos de los ayuntamientos para pagar sus cuotas a este ente supramunicipal, han dado la puntilla a la situación.
José Manuel Zambrano, de 44 años, con dos hijos estudiantes de la ESO y uno de los 20 empleados fijos de una plantilla total del entorno de las 650 personas, explica que a todos ellos les adeudan las nóminas de agosto y septiembre, y que sólo han cobrado la mitad de las de junio y julio. El futuro de la mancomunidad pinta mal. "Ningún partido se salva, la gestión ha sido un desastre y todos los alcaldes de todos los signos políticos son en parte responsables". El ente, que se constituye de nuevo cada vez que hay elecciones municipales, aún no ha dado ese paso tras el 22-M.
¿Dónde está el problema? "Los ayuntamientos no pagan sus cuotas por sistema y hasta 2008 se había generado una deuda de 8,5 millones de euros que se logró refinanciar. Desde entonces, esa deuda ha seguido creciendo. Si a ello le añadimos retrasos en los pagos de la Consejería de Empleo en los últimos meses, pues se explica que no haya dinero para pagar las nóminas", resume Zambrano.
Trabajo culpa a las CCAA del aumento del paro
