El etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry, fue el jefe del aparato militar de ETA y uno de los miembros de la banda que participaron en las conversaciones con el Gobierno entre el verano de 2006 y mayo de 2007 para negociar el fin de la lucha armada. Durante su detención en Burdeos, el 20 de mayo de 2008, la Guardia Civil incautó las actas de aquellas conversaciones.
En dichos documentos, se pone de manifiesto la tensión de las conversaciones entre la banda terrorista y el Ejecutivo, y que varias cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo. El diario El País ha publicado en su edición digital un resumen de dichas actas, en las que el jefe militar de la banda plasmó su versión de las negociaciones.
Hay que recordar que las reuniones entre los dos bandos se prolongaron casi dos años: desde julio de 2005, cuando se sentaron las bases para el diálogo y el comunicado del alto el fuego, hasta mayo de 2007, unos cuantos meses después del atentado de la Terminal 4 de Barajas, que acabó con cualquier posibilidad de negociación.
Las cesiones del Gobierno
Órdenes a la policía y la Guardia Civil para que no promovieran ninguna detención, la puesta en libertad de algunos miembros de ETA enfermos y reformas jurídicas a favor de los presos de la banda, son algunas de las cesiones que el Gobierno hizo a la banda y que Thierry narra en sus actas.
Sin embargo, muchas de estas 'promesas' nunca fueron llevadas a cabo por parte del Ejecutivo ya que, por ejemplo, la Guardia Civil y la policía continuaron con las detenciones tras el alto el fuego declarado en el mes de marzo, y el Gobierno no ha derogado la doctrina Parot -que perjudica a los presos de la banda-, tal y como el jefe militar de ETA lo afirmaba en sus actas.
Asimismo, en los documentos de Thierry queda constancia de las continuas tensiones que existían en las negociaciones. Por un lado, ETA reprochaba al Gobierno que no estaba cumpliendo con las cesiones prometidas, y por otro lado, el Ejecutivo echaba en cara que no desaparecieran las cartas de extorsión o el rearme, ya que en plena negociación se produjo un supuesto robo de pistolas en Francia.
Ahora les ofrecemos un resumen de todas y cada una de las reuniones que la banda terrorista mantuvo con el Gobierno, según ha publicado hoy El País.
Reuniones entre julio y noviembre de 2005
Según los documentos incautados al jefe militar de la banda, ETA continúa activa, es decir, comete atentados pero no asesina. En este sentido, se confirma que varios miembros de la banda y personas próximas al Gobierno mantienen reuniones en Ginebra y en Oslo en las que se concreta cómo será el comunicado de ETA del alto el fuego permanente.
Además, en dichos en cuentros y siempre según ETA, el Gobierno se compromete a "reducir la presencia policial en los controles a partir del comunicado de alto el fuego y a aceptar a Batasuna en la vida política", mientras que la banda afirma que "sólo se utilizarán armas en caso de supervivencia". El Gobierno mantiene que los terroristas deben cesar en la extorsión, ante lo que ETA admite que renunciará al impuesto revolucionario".
El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia que mantiene conversaciones con ETA. Sin embargo, nueve días antes la policía detiene a 13 miembros de la red de extorsión de la banda por orden del juez Grande Marlasca. Esta operación estaba prevista un mes y medio antes, pero fue frustrada en el último momento ya que la juez francesa Levert no dio su visto bueno cuando la policía española había identificado a dos miembros del aparato etarra en Burdeos.
Unas horas antes, el etarra Joseba Elosúa había sido avisado por un policía en el bar Faisán de Irún de que si entregaba a su contacto en Francia le iban a detener. Este "chivatazo" es el que investiga a día de hoy el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Reunión del 22 de junio de 2006
Tan sólo dos días después de ser desarticulado el aparato de extorsión de ETA. En la reunión se analiza todo lo ocurrido en los tres últimos meses. La banda reprocha al Gobierno la detención del aparato de extorsión de la banda.
Según afirma la banda en los documentos incautados, "Zapatero dice que sólo hablará con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes. Ni jueces ni policías están de brazos cruzados y el Gobierno sabía la fecha de las detenciones".
Para los miembros del Ejecutivo, "las detenciones del bar Faisán son un accidente grave pero no lo hemos podido parar. Es una carta que llega al juez y se desencadena la operación".
Según afirma ETA, el Gobierno "dice que ha cambiado al fiscal general, ha comunicado a la policía nacional, a la guardia civil, a la ertzaintza y a la policía francesa que no hagan detenciones, y dice que ha sido muy difícil hacerlo porque la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada y esas órdenes no se pueden dar por escrito".
Sin embargo, tras la justificación, el Gobierno anuncia sus quejas: "Sigue la kale borroka, el ministro del Interior tiene un montón de cartas de extorsión que no ha hecho públicas sabiendo que se pide dinero". A lo que ETA contesta: "No consta que se esté pidiendo el impuesto revolucionario".
Y en este sentido, el Ejecutivo asegura que no le "interesa terminar con la izquierda abertzale; que está trabajando para que Batasuna sea legal en septiembre u octubre y que el problema del dinero se puede arreglar por una organización internacional".
Reunión del 23 de junio de 2006
La banda para las negociaciones. "ETA anuncia que se paran las conversaciones hasta que el Gobierno cumpla con las garantías dadas". Sin embargo, según ETA el Gobierno se queja: "Las garantías son para cumplirlas todos. Algunas garantías no dependen sólo de nosotros. No habrá detenciones por parte de la policía pero no aseguramos lo que venga de los jueces. Las cartas de extorsión no son admisibles".
Reuniones junio-septiembre 2006
En estos encuentros se trata el tema de Iñaki de Juana Chaos, a quien según la banda, "el Gobierno se compromete a concederle la libertad condicional".
El etarra mantuvo hasta tres huelgas de hambre pero la más grave de todas ellas acabó en marzo de 2007. Por aquel entonces la juez le concedió el segundo grado penitenciario y el Gobierno le trasladó al hospital Donostia de San Sebastián. En junio de ese mismo año abandonó el hospital e ingresó en la cárcel de Aranjuez donde cumplió los últimos meses que le quedaban de condena antes de salir en libertad.
Por su parte, Thierry continúa su acta hablando de Batasuna. "El Gobierno se compromete a admitir iniciativas de la Izquierda Abertzale pero no con el nombre de Batasuna" escribe el jefe militar de la banda, quien asegura que ETA ha entregado una lista con siete presos enfermos y el Gobierno "se compromete a liberarlos".
"Sobre la doctrina Parot, la dejarán sin efecto. Dice que es cosa del Constitucional y pueden derogarla. Sobre el acercamiento de presos, a partir de octubre, cuando Rubalcaba pida apoyo al grupo parlamentario" confirma el etarra en los documentos que publica El País.
Reunión del 27 de octubre de 2006
Pocos días antes de este encuentro la banda ha robado unas 350 pistolas de un almacen en la localidad francesa de Vauvert. Según los documentos de Thierry, la reunión se ha celebrado para "tratar los accidentes".
Ante los hechos, el Gobierno es bastante claro: "Pedimos una explicación al robo de las pistolas, es una ruptura de la paz pero no se rompe el proceso. Se acordaron no detenciones y no abastecimiento de armas. Es un bloqueo para avanzar en política. Existe un teléfono de seguridad, pero Francia está incontrolada y esto va a tener efecto en el tema de los presos. Si podemos, vamos a hacer detenciones en Francia".
A lo que los etarras responden de manera contundente: "Si hay detenciones, hay incumplimiento. Hay que congelar los procedimientos judiciales".
Ante esto, el Gobierno se mantiene firme: "ETA debe moverse. Si reconocen el robo de armas, se acaba el proceso. No deben hacer más atentados y deben cesar en el envío de cartas de extorsión. Con este robo no podemos movernos".
Sin embargo, ETA recurre a las amenazas: "Ya avisamos en junio y septiembre de la situación crítica. El 90% de los incumplimientos son del Gobierno antes del robo. No admitimos vuestras amenazas. Si hay detenciones, ETA actuará".
El Gobierno responde ahora: "Por dar el aviso del faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE".
Según recoge el jefe militar de la banda en sus documentos, a partir de entonces el Gobierno "ofrece beneficios penitenciarios para los últimos detenidos de Baracaldo, salidas a enfermos graves, e incluso a uno relacionado con el secuestro de Ortega Lara".
Entidades
Un policía imputado admite su presencia en el bar Faisán