El fracaso de la huelga del sector público, que ha registrado una afluencia imperceptible y en ningún caso superior al 10% de los funcionarios, ha supuesto un duro revés para los sindicatos, que han demostrado no tener visión suficiente para percibir el curso de la opinión pública.
Es especialmente llamativo el hecho de que, en un país con tan baja afiliación sindical como España, los huelguistas hayan sido aproximadamente la mitad de los afiliados.
Lo ocurrido ha dado, evidentemente, un balón de oxígeno al atribulado gobierno, pero esta consecuencia política de corto alcance es irrelevante en comparación con el hecho de que ha quedado patente que la sociedad de este país, con más inteligencia que sus superestructuras política y sindical, se ha dado cuenta de que la crisis, muy profunda y de gran complejidad, no puede resolverse mediante los mediocres mecanismos parlamentarios o a través de la presión sindical.
La salida de la recesión en las mejores condiciones posibles y en el marco de la Unión Europea requiere un ejercicio de realismo poco controvertible y con escasos márgenes de discrecionalidad, en el que ha de participar colectivamente toda la ciudadanía.
Congelación de las pensiones
El ajuste decidido por el Gobierno puede ser objetado en su composición pero no en su alcance. Quizá hubiera sido posible conseguir objetivos similares sin congelar pensiones, aunque esta medida cruenta produce un impacto pedagógico que quizá sea útil a la hora de valorar el problema.
En cualquier caso, la recuperación de la normalidad y de los equilibrios en la Eurozona, la reconstitución del prestigio del euro, la reafirmación del proyecto europeo sin el cual España no habría alcanzado las cotas actuales, requieren una reconsideración de nuestros anteriores planteamientos socioeconómicos: no era posible seguir haciendo pie con una productividad en constante descenso, con un crecimiento basado en la construcción y en la demanda interna, con un sistema de relaciones laborales arcaico y rígido, sin ponernos al día en la formación del capital humano mediante la educación y el I+D.
El viejo patrón
Como primera determinación, había que reconocer que el crash inmobiliario y, en definitiva, el hundimiento del viejo patrón, nos han empobrecido severamente. Y ello implica tomar medidas drásticas para recortar un déficit público creciente que se ha acumulado por la necesidad de mitigar el impacto negativo de la crisis -el subsidio de desempleo ya consume más del 3% del PIB- y reconocer que el futuro sólo es viable si realizamos un ajuste de rentas ?el ajuste del empleo se ha hecho espontáneamente y de manera dramática- y un esfuerzo ímprobo en pos de incrementar la productividad.
Y esto hubiera sido así con cualquier gobierno, por lo que el debate político podrá versar, si se quiere, sobre la habilidad de quienes toman las decisiones pero no, en modo alguno, sobre el fondo de las decisiones mismas.
Pues bien: la opinión pública, consternada y vapuleada, ha tomado conciencia de todo ello y está dispuesta al sacrificio. De hecho, el Gobierno tiene ahora vía libre para llevar a cabo la reforma laboral que necesita este país para competir con nuestros socios y vecinos, principales clientes y proveedores.
Intereses de la huelga
Los sindicatos ya no tendrán ocasión de frenar el proceso apelando a intereses particulares opuestos a los generales del país. No es difícil llegar a la conclusión de que si optaran por lanzarse a la huelga general en las condiciones actuales, estarían poniendo en peligro no sólo su prestigio, ya muy mermado, sino su propia supervivencia.
Los hechos han impulsado también la convicción, amarga, de que para que el sistema de pensiones sobreviva como garantía de vida de las generaciones que van llegando al retiro es necesario adaptarlo a la lógica de la realidad: habrá que retrasar la edad de jubilación y que establecer una relación más estrecha entre la contribución realizada al sistema y la pensión recibida de él.
Todos, y especialmente los partidos de oposición, tenemos la obligación de tutelar estos procesos transformadores con la mayor exigencia para optimizarlos. Pero no tiene sentido oponerse a ellos porque tal actitud equivaldría a negarse a reconocer la realidad y a tergiversar el curso de la historia.