El presidente del banco Santander, Emilio Botín, declarará como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por unos supuestos pagos al magistrado por unas conferencias en EEUU, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Botín declarará en el Supremo el próximo 12 de mayo ante el juez instructor del caso, Manuel Marchena, según las mismas fuentes.
En una comparecencia ante el juez del alto tribunal, el pasado 15 de abril, el magistrado de la Audiencia Nacional negó haber recibido dinero del grupo SANTANDER (SAN.MC)por unas conferencias pronunciadas en la Universidad de Nueva York.
Garzón se enfrenta a las denuncias presentadas por dos abogados accionistas minoritarios del Santander por supuestos delitos de cohecho (soborno) y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por el supuesto cobro de unos 302.000 dólares por unos cursos en Nueva York en 2005 y 2006.
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea sostienen que el Santander pagó ese dinero, por lo que ponen en relación este hecho con la posterior decisión de Garzón de archivar una denuncia por un delito fiscal contra directivos de la entidad, incluido Emilio Botín.
Garzón defiende que el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York le pagó sus honorarios por sus conferencias, con "absoluta independencia" de que ese centro contara con "patrocinio del banco Santander".
El juez de la Audiencia Nacional está en el centro de una tormenta política desde que otro juez del Tribunal Supremo decidió dar vía libre a un juicio contra él por haber querido investigar los crímenes del franquismo sin, supuestamente, tener competencias para ello.
Además, el juez Garzón tiene otra causa pendiente por prevaricación en el Supremo por haber ordenado, en el marco de la instrucción del 'caso Gürtel', la grabación de las conversaciones entre los supuestos cabecillas de la supuesta trama corrupta y sus abogados defensores mientras estaban en prisión.
Debido a estos casos, el juez podría ser suspendido temporalmente de sus funciones y después, si es condenado, ser inhabilitado hasta por 20 años, lo que pondría fin a su carrera.