
Mañana tendrán lugar las primeras manifestaciones callejeras organizadas por los dos grandes sindicatos contra la propuesta de retraso de la edad de jubilación efectuada por el Gobierno en el marco del plan de estabilidad que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas.
Una propuesta que no repugna en principio a la inteligencia -el extraordinario incremento de la esperanza de vida es un argumento de gran peso- y que, como seguramente reiterará esta tarde el ministro Corbacho en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que comparece, está abierta a toda clase de matizaciones.
En juego la sostenibilidad
Esta oposición frontal a una reforma que ya han emprendido otros países y sin la cual será muy difícil conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones refuerza la sensación de que nuestros sindicatos, sobredimensionados, financiados generosamente con cargo al erario público y sistemáticamente halagados, han perdido el sentido de la realidad y se están convirtiendo en rémoras de la conquista de la competitividad y de la consiguiente salida rápida de la crisis.
De hecho, es notorio que estas organizaciones velan celosamente por los intereses de los trabajadores que tienen trabajo estable, pero no son capaces de conciliar estas legítimas preocupaciones con la defensa de los intereses de los parados y de quienes desempeñan un empleo precario. Y es simplemente pintoresco el inmovilismo conceptual que les lleva a rechazar airadamente cualquier adaptación de la seguridad social a la evolución de la demografía para que el modelo no entre sencillamente en quiebra en un plazo determinado, y no demasiado largo por cierto.
Limitada influencia
Los sindicatos -como las organizaciones empresariales- desempeñan un papel relevante en nuestras sociedades complejas. Su función como interlocutores en el diálogo y en la concertación sociales es insustituible, pero no deberíamos incurrir en el error de atribuirles una representatividad que no tienen ni unas funciones que la Constitución no les concede.
Nuestra democracia parlamentaria no es orgánica, evidentemente, por lo que soberanía nacional -con la consiguiente potestad legislativa- reside en cámaras políticas elegidas por sufragio universal, no en instituciones intermedias de ningún tipo que, como mucho, pueden aspirar a ejercer determinada influencia siempre relacionada con la fuerza objetiva de sus bases y con la naturaleza de sus objetivos.
Modernizar el sistema productivo
Sería, en fin, intolerable que este país no pudiera modernizar su sistema productivo, ni ponerlo a la altura de la competitividad europea, por la oposición amenazante e irracional de sus organizaciones obreras. Como resultaría también inadmisible que no hubiera modo de conferir sostenibilidad al sistema de pensiones por la incapacidad de los sindicatos para entender la necesidad de adaptarlo a las condiciones cambiantes de la propia sociedad.
Deberían pensar los sindicatos, que parecen haber interrumpido su proceso de profesionalización, que su poder movilizador es limitado y que, modernamente, siempre que han tensado en exceso el arco de sus exigencias -en los Estados Unidos, en el Reino Unido o en Francia, por ejemplo-, han terminado disminuidos y marginados.
Así las cosas, quizá fuera pertinente que los secretarios generales de la UGT y de CCOO viajaran un poco a los países que, como Alemania, han tenido que impulsar reformas de gran calado para reconquistar la competitividad -la Agenda 2010 que las organizaciones obreras firmaron con el socialdemócrata Schröder es una pauta valiosísima-. De otro modo, si no superan la prueba que tienen ante sí, quizá sean los sindicatos los grandes perdedores de esta crisis.