Recalificación masiva de terrenos en Chiclana de la Frontera. Ésa es la solución que la Junta de Andalucía ha encontrado para tapar el escándalo urbanístico en la localidad gaditana, en la que se han construido en los últimos años unas 40.000 viviendas ilegales, sin control alguno por parte de las autoridades.
Ante esta situación, el alcalde, José María Román, propuso a la Consejería de Obras Públicas la recalificación de los terrenos, muchos de los cuales eran hasta ahora rústicos, y aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía paralizó el pasado mes de octubre sus planes, la Junta mantiene la luz verde para sacarlos adelante, tal y como confirmó ayer el Gobierno andaluz.
Declaraciones del alcalde
"Vamos a recalificar 14,5 millones de metros cuadrados para reconvertir todas las fincas en urbanizables", reconoció ayer Román en una entrevista con este periódico.
El alcalde de Chiclana de la Frontera asegura que cuenta con el beneplácito de la delegación provincial de Obras Públicas y Urbanismo, por lo que en caso de que haya que afrontar algún nuevo recurso, "serán ellos los que tengan que responder y no yo".
El alcalde insiste, no obstante, en que en la localidad tan sólo hay como mucho unas 15.000 viviendas ilegales y añade, además, que "se trata de un problema generalizado en toda la costa".
Oposición mayoritaria
El consistorio se está encontrando con la oposición de las organizaciones ecologistas y los principales partidos de la oposición para poner en marcha el proyecto. Tanto el PP como IU coinciden en que "no se puede iniciar un proyecto paralizado por la Justicia".
Ernesto Marín, candidato del PP a la alcaldía de la localidad, afirma que "la construcción es uno de los motores fundamentales de nuestra economía y, siempre que se haga dentro de la ley, debe seguir adelante". Según dice, "el problema es que estas alturas, la única solución sería que las piquetas derribaran medio pueblo y eso es imposible".
Medidas urgentes
De momento, el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha reclamado que se precinten con carácter urgente todas las obras que no cuenten con la preceptiva licencia y se informe a la autoridad judicial competente sobre la posible elevación a escritura pública del documento de compra de las parcelas y en su caso de la inscripción registrada.
EL PP protesta
Según el Ayuntamiento de Chiclana, las casas ilegales pertenecen a propietarios privados y a promotoras medianas.
Ayer, durante una visita a Sevilla, el presidente del PP, Mariano Rajoy, insistió en que la justicia debe actuar de forma urgente. "Reclamamos la actuación inmediata tanto de la Fiscalía como de la Agencia Tributaria para que aclaren lo que está ocurriendo en Chiclana", dijo Rajoy.
El líder del PP en Andalucía, Javier Arenas, coincidió en la misma idea. "Andalucía necesita revisar toda la legislación urbanística".
