Barcelona, 27 mar (EFE).- El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha presentado este miércoles un informe sobre el derecho al suministro eléctrico, un documento donde propone medidas para que la factura de la luz se reduzca a la mitad, entre ellas bajar el tipo de IVA de la luz del 21 % al 10 %.
En una rueda de prensa en el Parlament, Ribó ha reclamado repartir de una forma más proporcional y justa los cargos no relacionados con el consumo entre todas la tipologías o usos (doméstico, industrial, servicios, etc.).
"Dentro del precio final que pagan las personas para la energía eléctrica que consumen hay una serie de costes que no están directamente relacionados con el suministro y derivan de decisiones políticas". ha señalado Ribó.
"España tiene el honor de estar en la parte más alta del coste del kilowatt, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Dinamarca", ha explicado el Síndic, que ha denunciado los "precios excesivos" del coste de la electricidad.
El defensor del pueblo catalán ha señalado otros factores que afectan al precio final de la factura de la electricidad y que no están relacionados con el suministro, como las ayudas a la generación renovable, la financiación del déficit de tarifa e impuestos como el IVA o el impuesto a la electricidad.
Ribó ha achacado estos cargos en la factura a decisiones políticas y ha propuesto reducirlos o eliminarlos para disminuir hasta la mitad el precio del recibo de la luz.
Así, la propuesta de cambiar el tipo de IVA de la electricidad y pasar del 21 % al 10 % ha sido considerada por Ribó como una medida necesaria, "dado que la electricidad es un bien de primera necesidad, especialmente pertinente para la población más vulnerable".
En este sentido, el defensor del pueblo ha recordado que el tipo impositivo de otros suministros básicos como el agua ya es del 10 % y que en otros países del entorno el IVA de la luz también es de tipo reducido.
A pesar de la denuncia del alto coste de los kilowatts, en su informe, el Síndic ha recordado que "el mercado es libre, por lo tanto, no permite la intervención pública para reducir los precios" y ha considerado que "las propuestas para reducir a corto plazo el precio de la luz" deberían centrarse en la reducción de los costes del sistema y los impuestos.
Asimismo, ha lamentado la "imposibilidad actual de que los impuestos, aunque estén a cargo del productor, no acaben repercutiendo en el precio final que paga el consumidor".
Entre los impuestos señalados por Ribó se encuentra el impuesto sobre la generación eléctrica que, después de la suspensión que aprobó el gobierno central en octubre del 2018, volverá a repercutir en el recibo a partir del mes de abril.
Más allá de las propuestas para rebajar el precio de la factura, el ombudsman catalán ha denunciado las dificultades y confusiones del actual procedimiento para solicitar el bono social que, según ha asegurado, provoca que una parte importante de las personas susceptibles de recibirlo no lo pidan.
Aunque la mayoría de medidas apelan al gobierno español, el Síndic ha pedido a la Generalitat que desarrolle reglamentariamente la ley 24/2015 sobre medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Asimismo, ha hecho referencia a las ocupaciones de vivienda y ha recomendad que en estos casos la Administración debería hacer un estudio socioeconómico sobre la situación de exclusión residencial en la que se encuentren las personas ocupantes.
Si dicha ocupación estuviera motivada por razones de necesidad, el Síndic ha señalado que se debería dar una solución adecuada.
