La Ley de Servicios acaba con las esperas y los numerosos trámites para abrir un negocio

Madrid, 17 oct (EFE).- La trasposición de la Directiva Europea de Servicios acabará con la costosa espera de la autorización administrativa para abrir un negocio y reducirá trámites y trabas a la actividad, con la idea de mejorar la competitividad del sector que más peso tiene sobre la economía española.

El consejo de Ministros dio hoy el visto bueno al anteproyecto de ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios, una norma que, según explicó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes supondrá una reforma estructural de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual" del funcionamiento de los servicios en el país.

Solbes auguró que la aplicación de la nueva normativa ayudará a reducir el elevado diferencial de precios con la zona euro, incluso a la mitad, si se logra alcanzar la media europea de competitividad en el sector.

Y es que el Gobierno entiende que el sector servicios en España está regulado por normas en muchos casos obsoletas e inadecuadas que no han ayudado a mejorar su funcionamiento, y que han impedido, por ejemplo, avances en su productividad: desde 1997 a 2006, la productividad de los servicios españoles cayó el 3,4 por ciento, mientras que la de la UE subía el 6,8 por ciento.

Trasponer la directiva supondrá, sobre todo, acabar con la hasta ahora necesaria autorización previa para iniciar un negocio. Así, el silencio administrativo positivo permitirá iniciar una actividad mientras llega el permiso formal.

Eso no significará, según aseguró Solbes, una falta de control sobre los distintos servicios, sino que, por el contrario, se aumentará la supervisión y la inspección para garantizar la calidad de las distintas actividades y proteger así a los consumidores.

Otra de las novedades es la ventanilla única: un solo canal de notificación y gestión de los trámites en el sector, que funcionará por vía electrónica y comunicará a todas las administraciones competentes con los profesionales y empresas que prestan servicios, y a la que también podrán acceder los consumidores si quieren tener información de estos negocios.

La futura ley, que marca los principios básicos para llevar a cabo la trasposición, es sólo el punto de partida de un proceso que supondrá la modificación de 7.000 normativas de todas las administraciones.

A la administración central le tocará cambiar 80 leyes y 370 decretos-ley de ámbito estatal, y lo hará con otro proyecto de ley que incluya todas esas modificaciones, mientras que las comunidades y los ayuntamientos deberán revisar, modificar o suprimir las miles de normativas que no se rijan por la Directiva.

El Gobierno aseguró hoy que la trasposición española es mucho más ambiciosa que la que están planificando otros estados de la UE, y el ejercicio de las actividades de servicios será más accesible y transparente que en otros países, lo que supondrá una ventaja comparativa para España a la hora de atraer más inversión extranjera directa.

A este respecto, la norma acaba también con otra restricción a la liberalización de los servicios: la territorial, al permitir el libre acceso a la prestación en todo el ámbito de la UE, tanto de empresas españolas en los demás países europeos como al revés.

La norma afectará a la mayoría de las actividades del sector servicios, desde las grandes y pequeñas superficies comerciales a la hostelería, pasando por las agencias de viajes, las autoescuelas, los servicios rápidos de recogida y transporte postal, la reparación de vehículos, fontanería o la distribución de prensa, entre otros.

Quedarán exentos de esta regulación los servicios de interés general que no conllevan a cambio una prestación económica, como la justicia, la defensa, la enseñanza pública o la sanidad.

Tampoco serán regulados por esta ley servicios esenciales o con sus propias directivas.