Madrid, 17 oct (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, consideró hoy que la trasposición de la Directiva Europea de Servicios podría hacer reducirse en medio punto el diferencial de precios con la zona euro, si su aplicación conlleva que España alcance la media europea de competitividad en el sector.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes aseguró que la ley que traspondrá la Directiva supondrá una reforma estructural de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual" del funcionamiento de los servicios en España.
Añadió que la reforma hará aún más fuerte el peso de los servicios sobre el PIB español, que aumentará ocho décimas -hasta el 67,5 por ciento del total- mientras que mejorará en tres décimas el volumen que los servicios tienen sobre el empleo -hasta el 66,5 por ciento-.
Solbes recordó que el objetivo de la Directiva Europea de Servicios es el de lograr una regulación más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades del sector, y para ello se reducirán las trabas y se suprimirán los obstáculos que restringen "injustificadamente" la puesta en marcha de estos negocios.
El objetivo último, añadió, es conseguir un sector servicios mucho más competitivo, que genere más empleo y al final dé satisfacción a los ciudadanos.
Solbes recordó que los principios esenciales de la trasposición, que obligará a cambiar 7.000 normas, son la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en cualquier territorio de la UE, y la herramienta más novedosa para lograrlo es la reducción de las trabas administrativas y la supresión, como norma general, de la autorización previa para abrir un negocio.
En la rueda de prensa, el ministro recordó que en la coyuntura económica actual el gobierno tiene que actuar desde dos frentes, primero con medidas a corto plazo para paliar los efectos de la crisis y después con reformas a largo plazo que permitan preparar la economía para la recuperación.
En este segundo frente se incluye esta amplia reforma normativa, "una de las más relevantes en términos de modernización económica de la administración y la sociedad", según Solbes.
Junto a esta ley paraguas será necesaria otra ley que recoja la modificación de la normativa estatal, y que afectará a ochenta leyes y 370 reales decretos.
Las demás administraciones, por su parte, deberán trabajar en la modificación de sus normativas o suprimiendo la vigencia de todas aquellas disposiciones contrarias a la Directiva Europea, con lo que al final habrá que dar "una vuelta" a 7.000 disposiciones, para ver "si cumplen o no cumplen" con este nuevo marco.
Para permitir un funcionamiento más ágil y competitivo de los servicios en España, Solbes destacó la creación de la ventanilla única, que deberá garantizar la tramitación electrónica de todos los procedimientos administrativos, en la que se pueda gestionar cada trámite e informar y ser informado por todas las administraciones implicadas.
En cuanto a las autorizaciones para realizar una actividad, el vicepresidente aseguró que habrá un número ilimitado aunque con una excepción: la escasez de recursos naturales para prestar dicho servicio, lo que conllevará una concesión que debe decidirse de forma "imparcial".
Por otra parte, la trasposición de esta directiva también tendrá en cuenta e incluso reforzará la protección a los consumidores, según aseguró el vicepresidente.
Solbes explicó así que los consumidores podrán tener acceso a toda la información sobre las empresas o profesionales que prestan los servicios y contarán con vías de reclamación en caso de necesitarlas.
De esta forma, añadió, "se cierra el círculo" pidiendo a priori menos obligaciones a quienes quieren desarrollar un negocio en el sector y dando a los ciudadanos más garantías sobre la calidad de esos servicios.
El anteproyecto de ley se eleva hoy a audiencia pública, que incluye la consulta específica a las comunidades autónomas, y deberá someterse al estudio de la Comisión Nacional de Competencia, la Comisión Nacional de Administración Local, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo Económico y Social, además de contar con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
Tras estos trámites, el Gobierno espera aprobar el proyecto de ley en Consejo de Ministros antes de que finalice el año, para que inicie así su tramitación parlamentaria.
