Quito, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador dio hoy una nueva vuelta de tuerca a la tensa relación con la empresa brasileña Odebrecht al ordenar la revocación de los visados de cuatro funcionarios de esa compañía, que es duramente cuestionada por supuestos fallos en su operación en este país andino.
Mediante un decreto Ejecutivo firmado el pasado 9 de octubre y hecho público hoy, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó, además, la revocación de los visados a cinco funcionarios de la Compañía Furnas-Centrais Elétricas, también brasileña.
Furnas-Centrais Elétricas estaba encargada de fiscalizar la reparación de la central hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, y que presentó fallas en su estructura pocos meses después de ser entregada al Estado ecuatoriano.
El decreto especifica que si los funcionarios tanto de Odebrecht como de la fiscalizadora Furnas-Centrais Elétricas se encuentran en el país deberán abandonarlo "en 48 horas".
La revocación de las visas recae sobre Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Bessa, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Gedeon, funcionarios de la compañía constructora Norberto Odebrecht S.A.
La medida también recae sobre Newton Goulart Graca, Ricardo Thadeu Gongalves, José Francisco Farage, Carlos Reis y Devorcir Magalhaes, funcionarios de la Compañía Furnas Centrais Elétricas.
Se trata de una acción más contra la firma extranjera en un pulso en el que se ha involucrado también el Gobierno de Brasil y ha provocado la reacción del de Ecuador.
El pasado sábado, el presidente ecuatoriano ratificó la expulsión de Odebrecht y dijo que no comparte la reacción que ha tenido su amigo y colega brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a esa acción.
Correa se lamentó de que Brasil haya ordenado la congelación por tiempo indeterminado de los proyectos de infraestructura que Brasil discute con su Gobierno a raíz del caso Odebrecht.
La principal demanda que tiene Odebrecht en Ecuador es en torno a la planta hidroeléctrica San Francisco, inaugurada en noviembre de 2007, pero fuera de servicio desde junio pasado, cuando se detectaron fallos estructurales en su construcción.
Según Correa, las pruebas contra Odebrecht son contundentes y por eso no se explica la reacción del Gobierno brasileño, que incluso frenó la visita a Quito de una misión del Ministerio de Transporte para analizar los avances del proyecto de interconexión Eje Multimodal Manta-Manaos.
Lo decidido por el Gobierno brasileño frente a este caso "lo respetamos mucho pero no lo compartimos, porque se trata de un problema entre un Estado soberano y una empresa que incumplió todo y que ha estado acostumbrada a burlarse de nuestro país", apostilló Correa.
La firma brasileña tenía a su cargo la planta San Francisco, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, los proyectos hidrológicos Baba y Carrizal-Chone y la construcción de un aeropuerto en la ciudad amazónica de Tena.
El secretario Anticorrupción de Ecuador, Alfredo Vera, dijo a Efe que las decisiones del Gobierno contra la firma brasileña están "muy bien fundamentadas".
Por ello, señaló que se interpusieron denuncias en diferentes fiscalías del país para que investiguen los supuestos actos de corrupción que pudieran haber cometido autoridades ecuatorianas junto con Odebrecht en el otorgamiento de proyectos.
Anticorrupción habla de posibles sobrecostos y otras irregularidades en los millonarios contratos que habían sido adjudicados a Odebrecht.
"La justicia tiene que indagar el grado de responsabilidad de los ecuatorianos que hicieron posibles estos atracos que perjudicaron al Estado", dijo Vera al añadir que Odebrecht "agredió económicamente" a Ecuador.
