El PSOE quiere incrementar la competencia en el sector de distribución de los carburantes y para ello registró ayer en el Congreso una proposición de ley que prohíbe que las petroleras superen una cuota de ventas del 25 por ciento en cada provincia.
"Hay tres compañías que aglutinan el 85 por ciento del mercado" y esto impide que los precios de las gasolinas en España sean competitivos, según explicó en una rueda de prensa Román Ruiz, portavoz adjunto de Energía en el Congreso de los Diputados.
Para solucionar esta situación, el partido de la oposición no propona la creación de más puntos de servicio, sino que aboga por la entrada de nuevos operadores. Para ello, reduce desde el 30 por ciento actual hasta el 25 por ciento la cuota máxima de mercado, un tope que tendrá que estar vigente durante al menos diez años. Así, se prohibirá la apertura de nuevas instalaciones y la renovación de los contratos actuales, si con ellos se supera el límite establecido.
Adaptarse en un año
Según explicó Ruiz, "los operadores tendrían que adaptarse a la nueva normativa en un año" y en el caso de que se incumplan estos puntos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia deberá tener la potestad de aplicar el régimen sancionador presente en la Ley de Hidrocarburos.
La propuesta del PSOE modifica, entre otras, la Ley de Apoyo al Emprendedor que se aprobó en 2013 y que Ruiz calificó como "insuficiente", ya que se centró en el mercado minorista, y no en el mayorista, que es "donde está el problema". Así, asegura que España es el país de la UE donde los operadores tienen los mayores márgenes de beneficio bruto.
Respecto a la red de distribución, proponen desde el PSOE reducir las obligaciones de existencias mínimas de seguridad a los nuevos operadores cuyas ventas sean inferiores a las 1.000 toneladas equivalentes de petróleo para facilitar su entrada en el mercado.
Además, se faculta a la CNMC a autorizar las tarifas por el uso de la red de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que deberá calcularse con una metodología "objetiva, transparente y no discriminatoria". Para evitar la captura de CLH por parte de cualquier empresa de refino proponen pasar del tope del 25 por ciento del capital, a un máximo del 10 por ciento del capital o del 6 por ciento de los derechos de voto de un solo accionista.
La tumba de la OPEP
