En líneas generales, el fraude fiscal en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un asunto que provoca importantes pérdidas presupuestarias en los países miembros de la Unión Europea. Se trata de una actividad fraudulenta llevada a cabo por redes mafiosas, que también afecta a las condiciones de competencia y al funcionamiento del mercado interior de cada país.
En los últimos tiempos, la Unión Europa ha detectado que este tipo de prácticas se están llevando a cabo de forma cada vez más sofisticada, apareciendo modalidades específicas de fraude fiscal repentino y masivo, especialmente a través del uso de medios electrónicos que facilitan el comercio ilícito rápido y a gran escala.
Entre los sectores que se están viendo afectados está el energético.
Después del fraude de IVA a gran escala descubierto en el mercado de emisiones de CO2 en 2009, este tipo de mafias están dirigiendo su objetivo a otro tipo de operaciones relacionadas con el gas y la electricidad, que están afectando, principalmente, a los países del Centro de Europa.
Según fuentes del sector consultadas, no se tiene noticia de que se haya producido alguna operación ilícita relevante de este tipo en nuestro país. Esta práctica lleva coleando desde 2011, año en el que el grupo de trabajo fiscal de Eurelectric ?patronal europea del sector eléctrico- decide reunirse junto a otras organizaciones, como Eurogas, para tratar de controlar este fraude.
Una de las personas que acudió a aquella reunión nos ha contado el modus operandi de este tipo de organizaciones: primero entran en un país con el objetivo de ofrecer energía que, previamente, han comprado en el mercado.
Generalmente la energía es ofrecida a consumidores de un tamaño razonablemente importante con unos precios muy competitivos, porque ellos juegan con el margen de que todo el IVA que están recaudando se lo van a llevar como un beneficio de su actividad.
Luego, contactan con personas que tienen un cierto conocimiento del sector eléctrico en el país en el que van a actuar. Montan una empresa que, aparentemente, funciona con total normalidad y ofrecen unos precios que son mucho más competitivos que los que puede ofrecer cualquier otra compañía que está comprando energía en el mercado.
Cuando estas empresas ficticias ya han generado una cartera de clientes suficientemente razonable y han recaudado unas cantidades elevadas, tanto por la energía que venden, pero sobre todo por el IVA que recaudan y que tienen obligación de ingresaren Hacienda, desaparecen de un día para otro, obteniendo unas ganancias de muchos millones de euros.
Empresas ficticias
El hecho es que, según la fuente consultada, entraren estos mercados no es fácil por la gran cantidad de dinero que se maneja. La mayoría de estas empresas ficticias, que han visto en este tipo de transacción una posibilidad de negocio, suelen estar relacionadas con mafias involucradas en el tráfico de drogas, tráfico de armas e incluso, alguna de ellas, dedican el dinero a financiar redes terroristas -según ha publicado la prensa italiana-. Incluso, en ocasiones, estas organizaciones criminales han extorsionado a personas que se habían dado cuenta de que algo raro estaba pasando. Aunque no nos han podido cuantificar la cantidad, el fraude del IVA está provocando la pérdida de varios miles de millones de euros en las arcas de ciertos países.
Con el objetivo de luchar contra esta lacra en materia energética, un total de diez asociaciones europeas del gas y la electricidad -Association of Issuing Bodies (AIB), Council ofEuropean EnergyRegulators (CEER), European Association of CCP Clearing Houses (EACH), European Federation of Energy Traders (EFET), European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), The Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Eurogas, Association of European Energy Exchanges (Europex), Gas Infrastructure Europe (GIE), London Energy Brokers Association (LEBA)-llevan cuatro años coordinando esfuerzos.
De manera global, estas asociaciones intentan concienciara todos los Estados miembros del peligro de estas redes fraudulentas y solicitan medidas legislativas para combatir las tentativas de estos estafadores y terminar de una vez por todas con este fraude en el sector energético. Precisamente en julio del pasado año la Comisión Europea presentó un paquete de medidas antifraude que amplía el número de bienes y servicios en los que se ha detectado un fraude en el IVA e incluye al gas y a la electricidad.
Se trata de dos Directivas temporales -vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018- que modifican la Directiva 2006/112/CE- en lo que respecta a dos cuestiones: la aplicación del Mecanismo de Inversión del Sujeto Pasivo -Reverse Charge Mechanism (RCM), por sus siglas en inglés- a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude. Se trata de un mecanismo por el cual la obligación de pagar el IVA pasa a la persona destinataria de la entrega de bienes o prestación de servicios. La segunda medida consiste en la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA-Quick Reaction Mechanism- mediante el cual el Estado miembro interesado tenga la opción de aplicar durante un breve periodo una inversión del sujeto pasivo, tras haber realizado la notificación correspondiente.
Actualmente, sólo seis Estados miembros ha transpuesto este juego de medidas legales en la ley nacional. Se trata de Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Rumania y el Reino Unido, de ahí que los Estados miembros restantes se encuentren desprotegidos cuando desde estas organizaciones se sigue haciendo hincapié de manera reiterada de que existen signos de la penetración de estafadores de IVA en estos mercados.
Por tanto, se considera que hasta que los 28 Estados miembros de la UE no transpongan y apliquen el RCM, la integridad del resto de mercados al por mayor de energía europeos están amenazados, lo que crea riesgos importantes legales y financieros para los participantes legítimos del mercado inconscientemente envueltos en este tipo de actividades fraudulentas y que también puede dañar la operación del propio mercado.
Fraude en los derechos de emisión
Como ya hemos mencionado, uno de los mayores fraudes en el tema del IVA se produjo en las transacciones de compra-venta de certificados de emisiones. El Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS, por sus siglas en inglés) surgió en 2005 con la intención de estimular la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Para ello se establece la asignación gratuita de derechos de emisión a empresas de sectores de actividad con elevada intensidad de emisiones y se les permite vender sus cuotas sobrantes a las que emiten menos. Sin embargo estas transacciones, que a priori no tenían dificultad, fueron utilizadas por redes mafiosas para lucrarse, un fraude ideal porque en este tipo de operaciones no se necesita ningún tipo de transporte ni logística.
Una empresa compraba derechos de emisión de CO2 en cualquier país europeo y lo introducía en otro. Al ser una operación de comercio intracomunitario, la operación no está sujeta al pago del IVA. Después, esta empresa vendía estos derechos generalmente a una planta industrial que necesitaba emitir y le cobraba el tanto por ciento de IVA vigente en ese país. Cuando llegaba el momento de hacer la declaración trimestral del IVA, la empresa cerraba y se quedaba con el dinero.
El fraude se detectó en varios lugares de Europa y el consiguiente daño al erario público disparó las alarmas, obligando a estos países a tomar medidas unilaterales para atajarlo. Por ejemplo, Francia y Reino Unido decidieron eximir de IVA la compra-venta de derechos de emisión, mientras que países como Holanda y España optaron por invertir la carga del sujeto pasivo, es decir, que el IVA lo pagara el comprador y no el vendedor. Según la Oficina Europea de Policía (Europol), el dinero defraudado podría haber superado los 5.000 millones de euros en toda Europa.
Lo que está claro es que, hoy por hoy, nos comenta Iria Flavia Peñalva, responsable de Proyectos de Factor CO2, ?los derechos de emisión son un activo y cuentan con una parte de desprotección. Esta situación podría llegara solucionarse cuando se produzca la reforma de la Directiva sobre Mercados de Derechos Financieros -MIFID-, prevista para 2017, donde a los derechos de emisión se les considerará activos financieros. A partir de ese momento, los operadores tendrán que cumplir con una serie de obligaciones de protección a los inversores, transparencia, eficacia e integración de los mercados financieros para participar en este mercado?.
Artículo incluido en la última edición de la revista elEconomista Energía. Suscríbete gratis
