La reforma energética en España ha desatado un aluvión de recursos judiciales ante diferentes instancias. Los grandes despachos de abogados son los que tienen ahora el protagonismo para intentar tumbar en los tribunales la reforma energética aprobada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y que consta de 13 leyes, 9 reales decretos leyes y 14 reales decretos, desarrollados por una batería de órdenes ministeriales.
Allen & Overy, Clifford Chance, Bird & Bird o Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom representan a los grandes fondos de inversión extranjeros ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial y que se encarga de dirimir las disputas de las empresas extranjeras con los Estados. Estos despachos pelean ahora por conseguir nuevos clientes afectados por la reforma energética.
Además, la lucha jurídica se ha intensificado en España en los últimos días después de que el Gobierno diera luz verde al Real Decreto con las nuevas primas a las renovables y que recoge un recorte de 1.700 millones de euros. A falta de la publicación inminente de la orden que regula esta normativa, bufetes como Prices, Watson, Farley & Williams Spain, Gold, Confivendis o Piet Holtrop están ya preparando toda la cadena de recursos.
Según fuentes jurídicas consultadas, las posibilidades de enfrentarse al recorte en renovables son por una posible inconstitucionalidad al no cumplir con el derecho de propiedad, el principio de seguridad jurídica o la libertad empresarial, entre otros.
Cuatro vías
Los inversores afectados por la reforma energética tienen hasta cuatro vías de actuación: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Comisión Europea y el tribunal arbitral Ciadi.
Por su parte, el Gobierno se ha dotado de más recursos para hacer frente a estos nuevos litigios. En concreto, la abogacía del Estado ha creado una unidad especial para la defensa de los arbitrajes internacionales de este año y los nuevos que se planteen a raíz de la reforma energética. No obstante, Industria mantiene el contrato con el despacho de abogados Herbert Smith. Este contrato se limita a colaborar en la defensa de los dos arbitrajes internacionales planteados por inversores fotovoltaicos contra las medidas adoptadas en 2010.
Otro frente que deben afrontar las compañías o inversores son las refinanciaciones de sus créditos con la banca. En este sentido, desde la patronal fotovoltaica, Unef, explicaron a elEconomista que están trabajando con el bufete Osborne Clarke para tratar todo el asunto de negociación con las entidades financieras para poder cerrar las refinanciaciones de los créditos en marcha. La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ya ha presentando las reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica ha llevado al Tribunal Supremo un recurso contra la orden con la que se modificaron algunos aspectos del mecanismo de interrumpibilidad (servicio por el que se incentiva a los consumidores industriales). Al igual que las grandes eléctricas, la patronal eólica recurrió la orden ministerial del 14 de febrero, por la que se fijaron los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013. Cabe recordar que la pasada semana, el Alto Tribunal dio parcialmente la razón a Gas Natural y anuló parte del articulado.
Asimismo, Endesa, Iberdrola y Gas Natural también han recurrido a la financiación del nuevo bono social, así como la orden de peajes extraordinaria que se aprobó en agosto del pasado año.
El papel de las autonomías
Las comunidades autónomas han cerrado filas con los inversores y grupos empresariales afectados por los recortes. Andalucía, Extremadura, Murcia, Cataluña y la Diputación Foral de Navarra han acudido al Tribunal Constitucional por los recortes ya aprobados por Soria en 2012 para encauzar el déficit de tarifa. Sus recursos de inconstitucionalidad han sido admitidos a trámite.
Por su parte, el Constitucional también debe contestar sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada recientemente por el Supremo por la mencionada orden de peajes de agosto, donde se reconoció un déficit de 3.000 millones de euros, tras haber anulado una dotación de los Presupuestos Generales del Estado para financiar el desfase eléctrico.
Por otro lado, el presidente de Asociación de Productores de Energía Fotovoltáica (Anpier), Miguel Angel Martínez-Aroca, también ha adelantado que la aprobación del Real Decreto 413 que regula a las renovables se enfrentará a las miles de demandas que presentarán las 62.000 familias que invirtieron en solar fotovoltaica.
Al margen de la lucha judicial, la Asociación solar quiere trasladar a las calles de Madrid su desacuerdo con las reformas del Gobierno. Para ello han organizado este sábado una marcha para expresar el rechazo al nuevo marco regulatorio impuesto a las tecnologías renovables.
La manifestación se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, finalizando con una concentración que tendrá lugar frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La fotovoltaica contra la reforma
