El Ministerio de Industria prepara la reforma del sector del gas que supondrá un recorte de 370 millones para el sector, según indicaron fuentes consultadas por elEconomista.
Los recortes implicarán un ajuste suave para paliar los casi 650 millones de euros de déficit que se pueden alcanzar este mismo año y aún podría reducirse más este tijeretazo si, finalmente, el Gobierno decidiera cerrar definitivamente el almacén de gas Castor tras comprobarse su relación con los terremotos de la provincia de Castellón.
La decisión de cierre de esta polémica instalación supondría una reducción del ajuste para las empresas de casi 100 millones de euros, pero la opción final todavía no está tomada a la espera de los informes de la Universidad de Stanford y del MIT, de EEUU.
La intención del Gobierno es atajar el fuerte crecimiento del agujero en este sector para evitar que se acabe convirtiendo en un caso similar al eléctrico. Para ello, Industria ha realizado las simulaciones para los próximos veinte años y ha fijado la necesidad del ajuste en estos baremos.
El Gobierno ha mantenido ya varios encuentros técnicos con los representantes del sector con la intención de llegar a una reforma lo más consensuada posible con el sector, de modo que el reparto del recorte se realice de forma proporcional al peso de cada actividad en el sector.
Con este esquema en la mano, la distribución se llevaría dos tercios del recorte y el transporte y la regasificación, en el que operan Enagás, Saggas, BBG y Reganosa, el tercio restante.
El Ministerio de Industria, dentro de la reforma del gas que está preparando y que prevé anunciar este próximo mes de junio, quiere incrementar la actividad de las regasificadoras, cuya utilización ha caído un 34 por ciento en 2013, desde los 217 TWh de 2012 hasta los 143 TWh.
El negocio de distribución de gas no está considerado un servicio básico, lo que supone la existencia de un riesgo empresarial superior al eléctrico al existir la posibilidad de desconectarse de la red. Este extremo, en opinión del ministerio, justificaría una mayor retribución financiera que la otorgada a las redes eléctricas y cuyos cambios ya han sido recurridos por las empresas ante el Supremo.
Industria fijó una retribución para la distribución eléctrica basada en los bonos a 10 años más 200 puntos básicos. Ahora, la propuesta para el gas se espera que sea superior.
La intención del Gobierno además es que Enagás, el gestor de la red de transporte, "haga el transporte y la regasificación lo más barato posible". Por ese motivo, se espera que la retribución del bono más 350 puntos básicos que se está recibiendo se recortará. Industria está trabajando en una circular para revisar la metodología de las tarifas del gas . El objetivo es avanzar en la Directiva Europea. La intención del Ejecutivo es presentar unas reglas "explícitas para asignar cada concepto de coste, de forma transparente, objetiva y no discriminada". En concreto, se plantea el cambio del sistema postal por el de entrada salida, con tarifas independientes y que estén calculadas teniendo en cuenta los flujos físicos.
