Bruselas ha criticado a España por los duros recortes "retroactivos" aplicados a las renovables, así como por las trabas impuestas a la inversión privada para impulsar este tipo de tecnologías, como el autoconsumo que ha sido penalizado con diversos peajes que hace inviable su inversión y amortización en un plazo medio de tiempo. Consulte aquí el informe elaborado por Bruselas (.pdf).
Así lo puso ayer de manifiesto la asistente a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Tatiana Márquez Uriarte, en una presentación en el Club de la Energía para explicar la comunicación lanzada por el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sobre la hoja de ruta energética a 2030.
Ante directivos de compañías petroleras, eléctricas y de renovables, Márquez remarcó que la "retroactividad de las medidas puestas en marcha en España, al igual que en otros países, provocan una fuerte incertidumbre y afectan a la credibilidad del Gobierno".
Este reproche por parte del Ejecutivo comunitario coincide con la publicación de un informe encargado por la propia CE a un consorcio de consultoras encabezado por Ecofys. El documento, al que tuvo acceso elEconomista, alude explícitamente a que el nuevo sistema de renovables en España es retroactivo, va a dañar las inversiones existentes y encarecerá la financiación de los proyectos.
De esta manera, la Comisión Europea se lanza por primera vez a verbalizar la dureza de los recortes aplicados, después de que en cada intervención pública mantenga el doble discurso entre no perjudicar a las renovables al tiempo que se muestra consciente de la necesidad de adoptar medidas para reducir el déficit público y, por ende, el déficit de tarifa eléctrica.
Golpe a las tecnologías limpias
Según el documento realizado por Bruselas, el nuevo esquema impuesto para las renovables simboliza la denominada retroactividad propia, es decir, el grado máximo porque afecta a situaciones consumadas sobre periodos ya transcurridos. En concreto, se fija una rentabilidad del 7,5% para toda la vida del proyecto. De ahí que las instalaciones eólicas puestas en marcha antes de 2004 se queden sin primas.
Por su parte, Márquez también quiso recordar que en el pasado mes de noviembre Bruselas publicó una guía sobre cómo se debía regular los sistemas de apoyo a las renovables. "España hubiera podido evitar la situación actual si hubiera sido más acorde con las recomendaciones de la Comisión".
En este sentido, quiso dejar claro que la Unión Europea no establece que haya que dar ayudas económicas a las renovables, sino que se fijan objetivos y la posibilidad de sistemas de apoyo y de cooperación, como los certificados verdes.
Posibles sanciones
El problema al que se puede enfrentar España ahora es a una sanción por parte del Ejecutivo comunitario, sobre todo por imponer trabas a la inversión privada y que podrían dificultar los objetivos en renovables fijados para 2020.
Márquez señaló que algunos obstáculos como las que se han impuesto al autoconsumo a través de placas fotovoltaicas van en contra de la Directiva Europea. "Nos preocupan las barreras adoptadas en la regulación actual porque no se debe poner obstáculos para quienes se decanten por realizar inversiones privadas", indicó Márquez.
Desde la Unión Europea se impulsó como "vinculante" el objetivo de que en 2020 la cuota de renovables en el consumo final sea del 20 por ciento para todos los países miembros.
La nueva retribución
Actualmente, España se encuentra en un objetivo del 15% en el consumo final de energías limpias y "no se puede vaticinar si logrará el objetivo", afirmó Márquez, que también reconoció que la moratoria a las renovables y los prolongados plazos de inversión dificultan este requerimiento.
Sobre este aspecto, ya se pronunció hace unas semanas el comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Convergència i Unió (CiU) Ramón Tremosa, donde no descartó la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario opte por la vía de las sanciones si España no logra cumplir con el objetivo impuesto por la Comisión.
Y es que cuando un Estado se desvía de su trayectoria hacia el objetivo de 2020, la Comisión puede tomar obligatoriamente medidas para solventar esta deficiencia.
Además, Bruselas ya ha preguntado en dos ocasiones por la tasa del 7% aplicada de forma indiscriminada a todas las tecnologías, incluidas las renovables, que no pueden repercutir el impuesto. Si la Comisión no queda conforme con la contestación del Gobierno español podría abrir un expediente sancionador por considerar que se trata de una medida contraria a Derecho de la Unión.
Por otro lado, uno de los puntos que más preocupa a la Comisión es el retraso en los objetivos de eficiencia energética. Desde el año 1995 hasta el 2012 se ha disminuido un 24% la intensidad energética. Pero Bruselas quiere un mayor esfuerzo en este ámbito y el próximo mes de junio analizará si hay que adoptar algún tipo de medida adicional.
Presente y futuro de las renovables
