Los restantes cuatro millones de equipos digitales tienen aún que conectarse.
El Ministerio de Industria ha impulsado una nueva fórmula para fijar la luz que es muy poco práctica para el usuario de cara a realizar un consumo más eficiente. La razón es que tan sólo podrán beneficiarse de las ventajas de los nuevos precios aquellos que cuenten con un contador inteligente y que estén conectados cien por cien en el sistema.
Las eléctricas tienen la obligación de ir cambiando los contadores, con el objetivo de que en 2018 todos los aparatos permitan la lectura y gestión remota. Ya están instalados unos 7 millones de contadores inteligentes, pero sólo algo más de un millón de ellos permiten la discriminación horaria y esta facturación efectiva al consumidor.
De hecho, en el borrador de Real Decreto que regula el nuevo mecanismo ya se contempla esta deficiencia del sistema. En concreto, en el Artículo 6 del texto se especifica que en el caso de que los suministros que cuenten con equipos de medida con capacidad para la telegestión, "y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas", la facturación se realizará considerando los valores horarios de consumo remitidos por el encargado de la lectura.
Por tanto, sólo unos pocos consumidores podrán saber qué precio de la luz se le está cobrando cuando están consumiendo porque tienen acceso a herramientas para optimizar su consumo en las horas en las que la energía es más barata.
Al resto de usuarios con contadores inteligentes se le está cobrando un precio de alquiler algo superior que a los que cuentan con un contador antiguo (0,80 euros al mes frente a 0,54 euros de los viejos aparatos) y sólo presentan ventajas para la distribuidora, que podrá hacer la lectura de forma remota y dejar atrás la presencial que conlleva un mayor coste para la eléctrica.
Así, unos 6 millones de consumidores no tienen acceso a la información de su contador, por muy inteligente que éste sea, al estar capados los datos a terceros y ni siquiera se les puede aplicar la discriminación horaria para facturar la luz, que es el producto estrella presentado por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la reforma de la tarifa eléctrica.
Por qué no están integrados
Según el experto del sector eléctrico Jorge Morales, ni el consumidor ni las empresas que pueden ofrecer servicios energéticos tienen acceso al contador en tiempo real. En su opinión, el problema es que el Gobierno y las empresas "sólo se han preocupado de cumplir estrictamente la normativa y definir exclusivamente el protocolo de comunicación entre el contador y la eléctrica, por lo que está cerrado a terceros".
Las eléctricas no tienen incentivos para incorporar prestaciones adicionales. Además, el coste no es baladí. Un aparato con discriminación horaria puede costar a la eléctrica unos 30 euros. Sin embargo, instalar todo el programa de comunicaciones requiere una inversión que puede ascender a 3.000 euros.
Los contadores se suelen cambiar para un plazo de unos 50 años y la normativa debería facilitar información valiosa al cliente. De lo contrario, los 4.000 millones de euros que se necesitan invertir para el cambio total del parqué de contadores "serán un nuevo despilfarro en el sector eléctrico".
Así, las eléctricas han programado importantes inversiones para llevar a cabo en los próximos años y se ciñen estrictamente a lo que actualmente dice la Ley, que sólo habla de la instalación de los dispositivos pero no de las funciones que deben facilitar.
De momento, E.ON es la única compañía que ya ha cambiado todos los dispositivos de sus clientes. También hay que tener en cuenta que este grupo tiene una pequeña presencia en el negocio de comercialización en comparación con Endesa e Iberdrola.
La CNMC pide cambios
Por su parte, la CNMC no es ajena este problema en las comunicaciones, por lo que ha pedido al Ministerio de Industria que avance en la interoperabilidad de los equipos y los sistemas, en lo que se refiere al tratamiento y análisis de la información.
Además, el organismo que preside José María Marín Quemada apunta que los sistemas de telegestión basados en protocolos privados suponen una traba a la competencia entre distintos sistemas de telemedida.
La CNMC realiza estas consideraciones aprovechando el mandato del Ministerio de Industria para que impulse una propuesta de resolución sobre el precio de los alquileres de los contadores inteligentes. El departamento que dirige José Manuel Soria debe cambiar los precios después de que el Tribunal Supremo diera la razón a Endesa sobre la "insuficiencia" de estos valores.
A pesar de la sentencia del Alto Tribunal, el superregulador aconseja que se mantengan los precios de los alquileres, mientras que las eléctricas piden incrementos del 30 por ciento. En concreto, los valores se mantienen según la propuesta en 0,81 euros al mes para los monofásicos (potencias inferiores a los 6 kilovatios) y de 1,15 euros para los trifásicos (potencias superiores a los 6 kilovatios). Por su parte, los contadores con discriminación horaria tienen un coste mensual de 3,3 euros.
Para potencias superiores de 15 kilovatios, el Gobierno quiere fijar precios máximos para los alquileres para que sean homogéneos en todo el territorio español.
Industria fuerza a bajar el precio de contadores digitales
