La reforma energética ha penalizado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Como es habitual, todas las tecnologías del antiguo régimen especial (cogeneración y renovables) se sienten las más agraviadas por los recortes, que suponen un tijeretazo muy superior a los 1.750 millones previstos por Industria.
Según las primeras cifras facilitadas por las patronales del sector, la cogeneración se lleva un recorte de 1.075 millones; la eólica dejaría de ingresar 870 millones; la fotovoltaica, entre 550 millones y 600 millones de y cerca de 200 millones para la termosolar, lo que muestra como algunas tecnologías han salido mejor paradas que otras pese a los arbitrajes que están poniendo en el Ciadi los grandes fondos de inversión internacional, y que la cantidad superaría con creces los 2.745 millones.
Según se desprende de un estudio realizado por expertos del sector energético consultados por elEconomista, Galicia, Navarra, País Vasco, Canarias, Aragón, Rioja y Castilla La Mancha son las regiones más perjudicadas por el recorte de primas para la energía eólica, la de mayor potencia instalada (22.740 MW).
Galicia, perjudicada
Galicia, con el 14,75 por ciento de la potencia (3.353 MW) recibía el 16,86 por ciento de las primas al tener parques de mejor calidad y, con la reforma del Gobierno, pasará a percibir apenas un 6,77 por ciento de las primas, ya que la reforma penaliza de forma considerable a los parques más antiguos al considerar que ya han sido amortizados.
Fuentes del sector indican que de este modo se castiga la eficiencia de los mejores parques.
La misma suerte corre Navarra, una de las regiones pioneras en el desarrollo de esta tecnología. La comunidad foral tiene 1.007 MW de potencia instalada, equivalentes al 4,43 por ciento de la cuota de mercado, e ingresaban el 5,24 por ciento de las primas. Tras la reforma, esta comunidad apenas ingresará el 0,63 por ciento de estos incentivos. En esta región tiene una parte importante de sus parques Acciona, que ha visto como el 40 por ciento de ellos tendrá que acudir directamente al mercado mayorista y se verá forzada a importantes ajustes en sus cuentas.
Por contra, las autonomías que resultan 'ganadoras' con este nuevo sistema de primas para la energía eólica son Andalucía y Castilla y León, entre las dos mantienen el 38,48 por ciento de los parques eólicos instalados en España y se llevarán el 54,26 por ciento de las primas.
Andalucía, en concreto, tiene el 14,21 por ciento de la potencia eólica (3.233 MW) -una cantidad similar a la de Galicia-, y, por contra, pasa de llevararse el 11,9 por ciento de las primas a recibir el 23,25 por ciento, es decir, que gana una cuota importante al tener un mayor número de parques instalados después de 2005.
Castilla y León, con el 24,27 por ciento de la potencia instalada ( 5.519 MW), se llevaba el 23,50 por ciento de las primas y ahora se llevará el 31 por ciento.
Esta situación ha generado una profunda división en el sector eólico ya que los parques construidos entre 2008 y 2013 -con unas horas de funcionamiento de entre 1.900 y 2.400 horas- pasarán a recibir una mayor cantidad de primas, que oscilará entre un 0,5 por ciento más hasta un 20 por ciento.
Los parques construidos entre 1998 y 2004 ven un recorte de sus primas total y otros llegan a reducir sus ingresos hasta un 42,8 por ciento, concretamente para las instalaciones con 3.000 horas de funcionamiento del año 2005.
Una parte del sector eólico considera que resulta ilógico que se les elimine toda la retribución a unos al tiempo que se incrementa notablemente para otras instalaciones y piensan trasladárselo así al Gobierno en las alegaciones que se presentarán antes del 26 de febrero.
El objetivo del Gobierno, no obstante, es garantizar que todas las instalaciones reciban un 7,3 por ciento de rentabilidad y por lo tanto las que ya llevan años funcionando ya lo habrían alcanzado.
Andalucía y Murcia serán las únicas comunidades que ingresarán más dinero por las primas, es decir, que pese a los recortes se incrementará la cantidad a recibir.
La minihidráulica, tocada
La actual Propuesta de Orden supondrá también, indican las patronales de cogeneación Acogen y de la minihidráulica (Uwatt) el cierre de la mayor parte de estas instalaciones.
El Gobierno elimina la prima prácticamente al 99 por ciento de las centrales hidráulicas en España. Estas instalaciones pasarán a facturar un tercio o, como mucho, la mitad. Según explica esta asociación, debe tenerse en cuenta que cuando la hidráulica produce mucho, el precio del mercado baja enormemente por lo que estas pequeñas instalaciones suelen oscilar entre los 30 y los 40 ?euros por MWh mientras que para el resto del mercado suele situarse entorno a los 55 euros por MWh.
Por tanto, de aprobarse esta Orden, los costes operativos se situarán muy por encima de los ingresos, lo que imposibilitará la supervivencia de las pequeñas centrales que se verán obligadas al cierre.
En España existen 1.907 centrales, de las cuales 866 plantas tienen una potencia instalada inferior a 1 MW, es decir, prácticamente el 50 por ciento de las existentes.
Esta asociación, al igual que otros pequeños empresarios, aseguran que se está regulando con la misma presión a grandes y pequeñas instalaciones lo que resulta insostenible.
Tras el estudio de los datos empleados por el Ministerio para el cálculo de las tarifas al sector hidráulico se concluye que, además de la inadecuada segmentación del sector, se han aplicado erróneamente los parámetros de las instalaciones tipo existiendo importantes errores en el cálculo de los costes de mantenimiento, plazos de amortización, costes operacionales o inversión necesaria.
Además se han olvidado de incluir partidas de gastos relevantes como los arrendamientos o provisiones importantes como aquellas que son necesarias para el futuro desmantelamiento de las centrales al fin de su vida concesional.
Siendo el sector hidráulico un sector que no genera déficit de tarifa, ha sido sin embargo otro de los grandes perjudicados por esta Propuesta de Orden.
Bruselas con la cogeneración
La asociación europea de la cogeneración, Cogen, indicó ayer que la Dirección de Energía de la Comisión Europea ha evidenciado que este sector es vulnerable a los fallos de los mercados eléctricos europeos, constatación reforzada por las últimas estadísticas de Holanda -donde la caída de la producción de electricidad de la cogeneración industrial está erosionando los esfuerzos realizados en eficiencia energética-, y de España , -donde la industria ha anunciado que el 25 por ciento de la cogeneración industrial (1,5 GW) ha parado desde mediados de 2013, tal y como adelantó elEconomista.
La pérdida de estas plantas de alta eficiencia es un mensaje de alerta a los políticos europeos y nacionales que están debatiendo un marco para la política energética y de cambio climático de la Unión Europea, y los cambios en el mercado eléctrico. El recorte a la cogeneración además puede tener un fuerte impacto en algunas compañías del sector papelero. Según Banco Sabadell, Ence (~25 por ciento de ebitda), Europac (~20 por ciento de ebitda) e Iberpapel (~15 por ciento de ebitda) estarán entre las afectadas, pero también tendrán que hacer frente a recortes en sus ingresos otras empresas de distintos sectores tan conocidas como Porcelanosa, Keraben, Azucarera Ebro, ElPozo, Repsol, Cepsa, BP o Torraspapel. Todas estas industrias tienen pensado quejarse por carta tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a los presidentes de sus propias comunidades autónomas.
A esta quejas además sobre la reforma se suman las de los distintos sindicatos agrarios. Asaja, Coag, UPA se han unido para defender las 29 plantas de purines, ya que aseguran que este cambio supondrá la clausura total y definitiva de estas instalaciones, muchas de las cuales han parado al estar ya en situación de quiebra debido al carácter retroactivo de la normativa, además de poner en grave peligro las más de 3.000 explotaciones ganaderas que dependen de ellas.
Otro golpe importante lo recibe la cogeneración con lignina que puede generar una caída de los ingresos del sector forestal cercana a los 125 millones.
¿Riesgo real de apagones?