El Ministerio de Industria fijará un precio máximo para los contadores de los usuarios domésticos con discriminación horaria de 0,81 euros al mes para los monofásicos (potencias inferiores a los 6 kilovatios) y de 1,15 euros para los trifásicos (potencias superiores a los 6 kilovatios). Estos precios son similares a los fijados por el Ejecutivo anterior, pero con la diferencia que en 2011 se aprobaron precios medios, con lo que cada compañía tenía margen para variar su oferta y en la práctica estaban aplicando precios notablemente superiores a estos.
El Ministerio justifica este cambio a un precio máximo en que en un "sistema de tarifas únicas para todo el territorio nacional como es el sistema español, no se compadece bien que los precios de alquiler de los equipos de medida sean distintos según la ubicación territorial del suministro".
Así consta en el mandato realizado al organismo que preside José María Marín Quemada para que elabore una propuesta de precios. Además, en agosto del pasado año el Ministerio pidió a la CNMC elaborar una nueva resolución de precios para los contadores inteligentes después de que el Supremo atendiera un recurso de Endesa donde consideraba que estos valores eran insuficientes.
Frente a esta consideración, el nuevo superregulador justifica que "cualquier precio de alquiler que se fije va a provocar que unas empresas se vean beneficiadas (precios de alquiler superiores a sus costes) y otras perjudicadas (precios de alquiler inferiores a sus costes)", pero en los precios que maneja la CNMC se observa que se están aplicando costes notablemente superiores.
La CNMC justifica que el plan de sustitución de contadores, por el que todos los dispositivos deben facilitar la lectura telemática en 2018, reducirá la curva de aprendizaje y favorecerá una reducción de los precios de los dispositivos.
En concreto, las partidas de costes correspondientes a la desinstalación e instalación del nuevo equipo son las que han experimentado una mayor variación respecto a los datos declarados por las empresas distribuidoras en 2008. Así, se ha producido una reducción media del coste del 40 por ciento para los monofásicos y del 35% para los trifásicos. En opinión de este organismo, los equipos de medida a sufragar por todos los consumidores debería basarse en los costes eficientes declarados por el conjunto de distribuidoras. Por lo tanto, dicho cálculo debería obedecer a costes ponderados promedios.
A tenor de estas consideraciones, la CNMC recomienda mantener los valores máximos fijados durante los próximos años, cuando Endesa reclamó unos precios de media un 30 por ciento superiores.
Por otro lado, el superregulador también hace una propuesta de precios fijos para los contadores de altas potencias (Tipo 1, 2, 3 y 4 -ver gráfico-). Los precios recomendado oscilan entre los 81,23 euros para los grandes consumidores de energía, hasta los 8,17 euros al mes para el cliente doméstico. No obstante, la CNMC propone que para los industriales no se utilicen estas máximas, sino que cada compañía se adapte a sus necesidades.
Adaptarse a los cambios
La propuesta de resolución también recoge cambios de cara a adaptarse al nuevo sistema de precios de la luz, que usará como referencia lo que marque el mercado mayorista cada hora o cada día, según el tipo de contador. De cara a que muchos más consumidores puedan aprovechar las ventajas del nuevo sistema, la CNMC propone que los contadores Tipo 4, que utilizan las pymes y potencias de más de 15 kilovatios, también queden integrados en el sistema de telegestión y telemedida implantado por el encargado de la lectura, de modo que para esta tipología de equipos el sistema pueda beneficiarse una reducción de costes.
El regulador va más allá y pide que a las pymes y consumidores domésticos con contadores inteligentes se les lea el consumo cada hora. De este modo, una vez disponible dicha información, en su caso, por parte de los comercializadores, estos podrían liquidar en el mercado en base a la curva real de los clientes y no, como hasta ahora, en base al consumo perfilado.
Igualmente, los encargados de la lectura deberían poner dicha información, con el control de la Ley de Protección de Datos, a disposición de las comercializadoras, para que puedan realizar mejores ofertas.
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