Garoña cumplió el pasado 16 de diciembre un año sin actividad, una situación inédita en la historia nuclear española. Todos los días, sus 300 operarios acuden al trabajo para mantener la central lista para volver a encender el reactor atómico, aunque el futuro de las instalaciones más antiguas de España está todavía por escribir.
Garoña dispone hasta el próximo mes de julio para pedir solicitar una ampliación de su actividad durante, al menos, 10 años más. Desde que hace seis meses, la empresa propietaria presentó el cese definitivo de actividad -aunque la había desconectado ya en diciembre, el Gobierno ha dado pasos importantes para su reapertura. El primero de ellos fue la supresión de la retroactividad del nuevo impuesto de residuos nucleares, lo que ha eximido a Nuclenor, la empresa propietaria que está participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, de pagar, al igual que el resto del parque nuclear español, los 153 millones de euros correspondientes a 2012. Además, el Ejecutivo permitirá a la central burgalesa no pagar ese tributo durante el tiempo que esté parada.
Aunque desde la central de Garoña se asegura que nada ha cambiado desde este verano, la maquinaria administrativa para que la central pueda seguir abierta continúa. El Consejo de Estado espera tener listo su dictamen sobre la norma que permitirá reabrir la central el próximo mes de enero. El Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que llegó a este órgano el pasado 21 noviembre, será devuelto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que lo podrá incluir de inmediato en el Consejo de Ministros. Esta normativa permitirá a las centrales nucleares que hayan cesado su actividad por motivos distintos a los de seguridad, como es el caso de Garoña, solicitar una nueva autorización de explotación en el plazo de un año desde que se produjera su cese.
La proximidad de que concluya este informe y se abra el plazo definitivamente para que la central pueda pedir una nueva licencia por diez años más ha generado optimismo en Burgos y Castilla y León, cuyo Gobierno regional ha vuelto a mostrar su ?deseo? de que sigan funcionando unas instalaciones ?seguras? que dan empleo a un millar de personas en la comarca del Valle de Tobalina.
Sin embargo, para la reactivación no sólo se deberán superar varios hitos sino que deberá hacer en una nueva refriega entre el Gobierno y las compañías eléctricas, esta vez por el déficit de tarifa y los incrementos en el precio de la luz. Uno de ellos es la modificación del reglamento de funcionamiento de las centrales nucleares, que permitirá que Garoña pueda solicitar una renovación de su actividad en vez de tener que gestionar una nueva licencia. El Consejo de Seguridad Nuclear deberá establecer además los requisitos de seguridad que debe cumplir la central, entre las que se deberán incluyen las nuevas exigencias tras el accidente de Fukusima, para el reencendido de su reactor, algo trascendental porque a partir de ahí Nuclenor debe determinar si su reapertura es viable económicamente o no.
En caso de que el CSN informe favorablemente la autorización de explotación de la planta, los trabajadores de Garoña deberían iniciar una carrera contrarreloj para adaptar las instalaciones a las nuevas obligaciones técnicas en el menor tiempo posible y así poder minorar las pérdidas de la empresa. En el caso de que las condiciones que plantease el CSN no pudieran ser asumidas por Nuclenor, empresa y comité retomarían las condiciones ya pactadas para la salida ordenada de los 287 trabajadores en forma de prejubilaciones, recolocaciones o continuidad en los trabajos de predesmantelamiento de la central.
Durante estos doce meses, Garoña ha dejado de producir 4.000 millones de kWh, aproximadamente un 7 por ciento de la electricidad de origen nuclear y un 2,5 por ciento del total de producción eléctrica anual en España.
Estas cifras equivalen aproximadamente al 40 por ciento del consumo eléctrico de la Comunidad de Castilla y León y a la tercera parte del consumo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su impacto en el encarecimiento de la electricidad es difícilmente cuantificable, aunque el Ministerio de Industria han reconocido públicamente que su parada, junto al de otras dos centrales españolas que están en situación de recarga, es uno de los factores que explican las distorsiones producidas en los últimos meses.
Nuclenor, la empresa propietaria, ha mantenido prácticamente intacta la plantilla durante estos meses, que tras algunas prejubilaciones es en la actualidad de 278 personas. Los efectos de la paralización sí se han dejado notar en las contrataciones que la central hace con empresas externas que, según reconocen fuentes de la central ha bajado a la mitad y que anualmente era de 16 millones de euros.
Durante estos doce meses, la central de Santa María de Garoña ha seguido realizando importantes inversiones, ?que eran obligadas tanto en el escenario de cierre como en el de la continuidad?, afirman desde la central.
Una de ellas ha sido la sustitución del actual carro de la grúa existente en el interior del edificio del reactor por otro capaz de soportar cargas mayores para afrontar el vaciado de los contenedores de combustible de la piscina.
Este proyecto ha obligado también al refuerzo del puente de la grúa para lo que ha sido necesario instalar una grúa de grandes dimensiones en el exterior del edificio del reactor para extraer de su interior el carro de la grúa existente.
Además, Nuclenor tiene que construir en el recinto de la central nuclear de un Almacén Temporal Individual (ATI) de residuos radioactivos de alta actividad, proyecto que comenzará a materializarse el próximo año y está en fase de la autorización medioambiental.
Esta instalación estaba proyectada antes de la decisión del cierre de Garoña para evitar que la piscina donde se almacena el combustible gastado, los residuos radioactivos de alta actividad, llegara al límite de su capacidad, situación a la que estaba previsto llegar en 2015 tras las nuevas recomendaciones acordadas tras el accidente de Fukusima. Este Almacén
Temporal Individual, una plataforma de hormigón de unos 600 metros cuadrados de amplitud, también se adapta a los planes de desmantelamiento en los que se mueve en estos momentos la central.
Esa plataforma o ATI albergará al aire libre los cinco contenedores que la empresa pública Equipos Nucleares (ENSA) diseña y fabrica en Santander tras serle adjudicado el trabajo por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Esos cinco contenedores metálicos tendrán capacidad para albergar 52 elementos combustibles cada uno, es decir, un total de 262, pero en la piscina ubicada en el edificio del reactor se guardan 2.505 elementos combustibles de uranio. El ATI será un lugar de paso para el combustible gastado antes de su traslado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Ministerio de Industria construirá en Villar de Cañas (Cuenca) y donde llevará los residuos de todas las nucleares.
Se ha reforzado además el sistema antiincendios, con un nuevo equipo móvil en el exterior, también como consecuencia de los cambios de seguridad tras el accidente de la central japonesa.
La central nuclear de Santa María de Garoña comenzó su actividad un 2 de marzo de 1971, hace ahora 42 años, lo que la convierte en la planta atómica más antigua del país. Su diseño se corresponde con el modelo de las centrales de primera generación, con un reactor de agua en ebullición que utiliza uranio enriquecido para la generación de calor, y que fue elaborado por la multinacional americana General Electric en los años 60. Garoña da empleo de forma directa e indirecta a un millar de personas en el valle burgalés de Tobalina.
