Las eléctricas irán al Tribunal Constitucional en caso de que no haya acuerdo sobre cómo se materializará el aval del Estado para los 3.600 millones de euros de déficit, que ha aflorado para este año por la negativa del Ministerio de Hacienda de dotar con fondos públicos al sistema eléctrico tal como se había comprometido.
En concreto, las compañías mantendrán vivos los recursos presentados en el Tribunal Supremo contra la orden de peajes de agosto, donde incluso se solicitaba blindar el crédito extraordinario de Hacienda por 2.200 millones para financiar el coste de las renovables.
Según explicaron fuentes del sector a elEconomista, dentro de esta causa judicial, ahora las eléctricas se plantean pedir al Alto Tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad si no se llega a un acuerdo en la comisión de trabajo que se ha puesto en marcha entre los ministerios de Hacienda, Industria y Economía para decidir cómo se materializa el aval.
Visos de incosntitucionalidad
Para las compañías, la enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado presenta todos los visos de inconstitucionalidad porque es un caso de retroactividad propia o auténtica, la más dañina. A su juicio, no sólo se cambia un marco legal, sino que lo elimina de forma fulminante (el crédito aún no estaba en vigor).
Una vez la nueva Ley de Sector Eléctrico sea publicada, las eléctricas ampliarán su recurso en Supremo contra el articulado de la misma, en concreto contra el artículo que recoja la enmienda que reconoce los 3.600 millones de euros de déficit, pero sobre todo contra el apartado que derogue el crédito de 2.200 millones, así como los 900 millones por las extrapeninsulares que debía recoger los Presupuestos Generales del Estado.
Las eléctricas argumentan que se trata de una enmienda arbitraria, injusta y no justificada. A juicio de las compañías, el Gobierno debería haber previsto antes que no podía cumplir con los compromisos si de verdad fuera cierta la razón esgrimida sobre la necesidad de cumplir con el déficit público.
Cambios por la puerta de atrás
Además las compañías critican la modificación de la reforma energética por la puerta de atrás y que se haya dado al traste con 8 meses de trabajo parlamentario en los que se ha ido tramitando el crédito.
Tras los cambios introducidos en el Senado, la nueva Ley Eléctrica se ha devuelto al Congreso de los Diputados. En un principio, se preveía que el Supremo se pronunciara entre noviembre y este mes de diciembre sobre los recursos presentados por las eléctricas contra la orden de peajes de agosto.
No obstante, el Alto Tribunal ya está informado sobre los cambios en curso y esperará a que se defina cómo se a avalar el déficit antes de pronunciarse sobre las cautelares reclamadas por las compañías. En el marco de la reforma energética, el Gobierno aprobó una subida excepcional de la luz del 3,1% al aplicar una subida de la parte regulada del recibo del 8%, que fue paliada por los menores coste de la energía.
Pero las eléctricas reclamaban una subida mayor, debido a que temían que Hacienda no cumpliera su palabra, pero también a que el Gobierno no hubiera calibrado bien las previsiones de costes y aflorara un desvío de las primas al régimen especial como ha ocurrido en otras ocasiones.
Las compañías pidieron en un primer momento cautelarísimas, que fueron rechazadas por el Supremo. Ahora aún tiene pendiente que se pronuncie sobre las cautelares. En concreto, argumentaron que la orden de peajes de agosto se diseñó con la pretensión de equilibrar los costes e ingresos del sistema eléctrico. Sin embargo, ahora va a haber un agujero de al menos 3.600 millones porque se ha trasladado déficit público al sector eléctrico.
Afrontan el déficit de tarifa en solitario
