El acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal ha llevado la tranquilidad a las cuencas mineras de nuestro país, aunque el sector se enfrenta ahora a su reto más importante: demostrar que es viable sin ayudas públicas y afianzar su posición en el mix energético nacional bajo criterios de rentabilidad
La minería del carbón se enfrenta a su definitiva prueba de fuego. Durante el próximo lustro uno de los sectores que más ayudas públicas ha recibido en nuestro país -24.000 millones de euros desde 1990- deberá demostrar que es capaz de ser viable por sí solo ya que 2018 será el último año en el que podrá recibir subvenciones.
La aprobación hace unas semanas del Plan del Carbón 2013-2018 marcaba el inicio de la cuenta atrás y fijaba la hoja de ruta de un viaje lleno de interrogantes que, por si fuera poco, puede ser baldío si al final la Unión Europea mantiene su postura actual de que las empresas que demuestren su viabilidad, tengan que devover las ayudas que reciban en este período.
El Plan prevé un nuevo adelgazamiento de un sector que no ha hecho más que reducirse desde la década de los 90, cuando empleaba a 45.000 trabajadores. El pasado año apenas era 5.000 las personas que vivían de las cuencas mineras.
El acuerdo contempla una nueva reducción de plantilla, que pasará de 4.894 trabajadores en 2012 a 4.496 en 2018, lo que supone apenas un 8,13 por ciento. ¿Es realista pensar que con 398 empleados menos la minería dejará los números rojos?
Aunque lejos de sus pretensiones iniciales, los sindicatos han conseguido llevarse la mejor parte del pastel al mantener una jugosas indemnizaciones para quienes se prejubilen y que aboca a las empresas a realizar el verdadero ajuste del sector a golpe de reforma laboral.
La parte social del acuerdo establece 10.000 euros lineales para las bajas indemnizadas voluntarias, con 35 días por año trabajado y un tope de 30 mensualidades. Para las ayudas por reestructuraciones y modernización para trabajadores de edad avanzada se establece una edad de 54 años hasta la jubilación ordinaria, percibiendo un 70 por ciento del salario bruto de los últimos seis meses.
Pese al éxito sindical, han sido muchas las críticas lanzadas desde los municipios mineros al haber primado el aspecto social en un acuerdo que ?olvida? los centenares de mineros que han perdido sus puestos de trabajo durante los últimos meses. Buen ejemplo lo constituye una de las joyas del empresario minero Victorino Alonso, que había pedido la liquidación antes de la firma del Plan de Coto Minero del Cantábrico, con 400 trabajadores.
Con el nuevo marco, los ajustes de personal se generalizarán, ya a golpe de reforma laboral -como ha dejado claro el nuevo presidente de la patronal Carbunión, Óscar Lapastora-, que ha advertido que la industria tiene que acometer despidos.
Y es que el nuevo Plan del Carbón establece un importante hachazo a las ayudas públicas que tradicionalmente han permitido sobrevivir al sector y que ahondan en la disminución que ya tuvo lugar el pasado año, cuando alcanzaron los 111 millones frente a los 301 del año anterior. Para 2013, las subvenciones se reducirán a 65 millones ya que las ayudas a la explotación del carbón subterráneo serán de 30 euros por tonelada para 2013, decreciendo en 5 euros por año a lo largo de la vigencia. En cielo abierto, este año las ayudas serán de un euro por tonelada y en 2014 0,50 euros por tonelada.
En el lado positivo del acuerdo destaca el supuesto blindaje del carbón nacional en el mix energético. Aunque el carbón pierde peso en la producción eléctrica, que pasa del 17 por ciento que, por ejemplo tuvo en 2011, se asegura una participación de un 7,5 por ciento durante los próximos años.
Eso garantiza la extracción de cerca de seis millones de toneladas durante los próximos años -en 2013 serán de 6,5 Tm y en 2018 de 5,8-. Sin embargo, de nuevo surgen las dudas de si ese acuerdo será efectivo ya que a partir del 1 de enero de 2015 ya no estará en vigor el procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que obligaba a las eléctricas a consumir carbón nacional.
A partir de esa fecha, será la demanda eléctrica y la negociación entre las compañías y las empresas mineras las que determinen las cantidades de mineral nacional que entrarán en la generación de electricidad.
El entendimiento lejos de ser fácil, se antoja casi imposible, a tenor de los antecedentes. No lo consiguió el Real Decreto de Carbón, que fue recurrido por las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, además de la Xunta de Galicia y que mantuvo bloqueado al sector en 2010.
Tampoco se allanaron las dificultades con la puesta en marcha del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro. Eléctricas como Endesa llegaron a solicitar este año a la Audiencia Nacional medidas cautelarísimas? para no tener que cumplir con su obligación de comprar carbón nacional y quemar en sus centrales térmicas el importado, más barato.
En materia de reactivación de las Comarcas Mineras, el acuerdo de mínimos tampoco ha gustado. El Plan destina 250 millones de euros a infraestructuras y 150 millones de euros a proyectos empresariales, una cantidad insuficiente para reactivar comarcas cuyas economías dependen prácticamente en su totalidad del carbón.
La larga travesía del desierto para el carbón no ha acabado pese a la firma de este Plan. Quedan poco más de cinco años para negociar con Bruselas y cambiar la que aparece como la más importante amenaza para el sector.
La UE quiere que las empresas que durante este tiempo logren ser viables, devuelvan las ayudas recibidas, una condición que el Gobierno de Mariano Rajoy y las comunidades afectadas consideran letal porque supondría la desaparición definitiva del sector. El titular de Industria, José Manuel Soria, ya ha pedido ayuda a la oposición socialista para que convenza al comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, de la improcedencia de la medida.
Comienza la cuenta atrás.
Un acuerdo con la vista puesta en 2018
Pese a que el acuerdo da cierta estabilidad al sector de la minería del carbón, todas las miradas apuntan a 2019, cuando concluirán definitivamente las ayudas por exigencia de Europa.
Una vez garantizado el acuerdo, Industria tendrá ahora que convencer a Bruselas para que las empresas viables no tengan que devolverlas ayudas recibidas durante estos años.
El sector seguirá adelgazando y la plantilla pasará de los 4.894 trabajadores en 2012 a los 4.496 en 2018, lo que supone una reducción del 8,13 por ciento -398 empleado menos-.
La presencia del carbón autóctono en el mix energético nacional será al menos del 7,5%, por lo que pasará la producción de los 6,55 millones de toneladas de este año a 5,87 para el año 2018.
Las ayudas a la explotación del carbón seguirán menguando. En 2013 será de 30 euros por tonelada, decreciendo en 5 euros por año.
La parte social es la que sale mejor parada tras las negociaciones, ya que se establecen 10.000 euros lineales para las bajas indemnizadas voluntarias, con 35 días por año trabajado y un tope de 30 mensualidades.
Las ayudas por reestructuraciones y modernización, para trabajadores de edad avanzada, establece una edad de 54 años hasta la jubilación ordinaria, percibiendo un 70 por ciento del salario bruto.
Artículo incluido en la edición de octubre de la revista Energía de elEconomista. Suscríbase gratis.
