El Gobierno ha decidido reducir las cargas fiscales al tratamiento de residuos radiactivos poniendo sobre la mesa un sistema más favorable para la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Es más, para las compañías que gestionan la planta, Endesa e Iberdrola (a través de Nuclenor), esta modificación era indispensable para asegurar la continuidad de la planta.
La medida está incluida en una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Congreso al proyecto de Ley de Fiscalidad Medioambiental. La modificación regulariza la situación en la que se encuentra la central, que está parada desde el pasado mes de diciembre por los nuevos tributos aprobados en la reforma energética y se le ha concedido un año para decidir si solicita una prórroga de vida útil en un intento de lograr que el Gobierno suavice la presión fiscal a la energía nuclear.
En concreto, el cambio supone un guiño del Gobierno a estas empresas, ya que establece que durante el tiempo que Garoña lleva parada, y en caso de que pueda y quiera solicitar una nueva licencia, no tendrá que pagar por este periodo de latencia.
La enmienda fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados para ser remitida al Senado y se extiende a todo el parque nuclear porque se traduce en un mejor escenario para todas las plantas de cara a que se vaya acercando la fecha en la que deben solicitar la prórroga de ampliación de vida útil.
El texto de la propuesta del PP, al que tuvo acceso elEconomista, modifica el periodo impositivo, que pasa a ser el ciclo de operación de cada reactor, es decir, el periodo que transcurre entre dos paradas de recarga del combustible nuclear gastado del núcleo del reactor.
En esencia, despeja las dudas sobre las cargas fiscales que debe soportar esta central, ya que si prospera no tendrá que pagar de nuevo por todo el material irradiado en las barras que en estos momentos están depositadas en las piscinas a medio gastar.
Hasta ahora, la Ley recoge una doble imposición sobre este aspecto, ya que las empresas ya habían pagado los tributos por el material que está en las piscinas. Así, si Endesa e Iberdrola se decantan por solicitar una nueva licencia para ejecutar la reapertura de Garoña se verían obligados a pagar de nuevo el impuesto al volver a introducir el combustible en la central, algo de lo que ahora se les pretende eximir.
Nuclenor saluda la medida
Por su parte, un portavoz de Nuclenor explicó a este diario que "la aprobación de estas enmiendas supone un paso en la dirección adecuada para la posible continuidad de la central de Santa María de Garoña, pero queda todavía mucho camino por recorrer".
Además, esta sociedad apuntó que va a estudiar a fondo las modificaciones legales aprobadas para poder hacer una valoración más ajustadas sobre sus consecuencias para la planta.
Por su parte, desde Endesa e Iberdrola descartaron hacer una valoración al respecto.
Nuclenor se negó a solicitar la ampliación de la vida útil de Garoña, cuyo cese fue decretado por el anterior Ejecutivo socialista para el 6 de julio de 2013, después de que el Gobierno aprobara un impuesto a la producción de residuos, para procurar ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, así como un impuesto al almacenamiento de residuos que reordena las distintas fórmulas ya existentes.
Estos cambios entraron en vigor a principios de año y la nueva carga fiscal que tendría que soportar la central gestionada por Endesa e Iberdrola asciende a 150 millones de euros. Por ello, Nuclenor solicitó al Ejecutivo un año de prórroga hasta ver el resultado final de la reforma energética tras su tramitación parlamentaria.
Estas compañías estarían buscando alguna compensación adicional a la exención fiscal de los residuos para dirimir el impacto de las nuevas inversiones que son necesarias para garantizar los requisitos de seguridad establecidos tras el accidente de la central japonesa de Fukushima.
Para poder facilitar esta reapertura, el Gobierno concedió este plazo a través de unas modificaciones legislativas que permiten a las centrales nucleares cerradas por motivos económicos, como es el caso de Garoña, tomar la decisión, en el plazo de un año, de reanudar su explotación. En concreto, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, impulsó para consulta pública un nuevo Real Decreto que recoge que Nuclenor tendría que pedir un permiso de renovación, y no una nueva autorización para volver a explotar la central.
A finales de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente al Ejecutivo de esta modificación. Ahora, tan sólo faltaría formalizar legalmente este cambio para que las compañías puedan solicitar la reapertura.
Asegurar la continuidad de Garoña fue uno de los emblemas durante la campaña electoral de Mariano Rajoy. Así se lo recordaron los propios trabajadores de la empresa de Burgos en una misiva dirigida al presidente del Gobierno, quien en su visita a la central en octubre de 2009 aseguró que con el PP en el Gobierno la planta no se cerraría si el CSN garantizaba que era una central segura.
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