Madrid, 12 jul (EFE).- La subida del 3,2 % de la tarifa eléctrica se aplicará a partir de agosto, según han explicado fuentes de Industria, que también han detallado que se tendrán en cuenta mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa congelada desde 2009 que volverán a pagar las empresas eléctricas.
Actualmente tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro.
A partir del desarrollo normativo de los ocho reales decretos que incluirá la nueva ley del sector eléctrico, los beneficiarios de este bono deberán acreditar que no superan determinados niveles de renta.
El objetivo es limitar el acceso a esta tarifa con precios congelados desde 2009 en el caso, por ejemplo, de las familias numerosas, ya que no todas tienen rentas bajas.
Esta partida del bono social tiene un coste de unos 200 millones de euros. En 2012, una sentencia del Supremo obligó a cargar esta partida a la parte regulada de la tarifa eléctrica, aunque el Gobierno legislará ahora para que vuelva a ir a cuenta de las eléctricas.
Junto a este punto, la reforma incluirá un cambio en el porcentaje que representa la parte fija y la variable en los peajes de acceso, el principal componente en el recibo de la luz que pagan los consumidores.
Estos porcentajes son ahora un 70 % variables, se pagan en función de la energía que se consume, y un 30 % fijos. Para empezar, se modificarán estos porcentajes para igualarlos al 50 % e ir dando cada vez más peso a la parte fija.
En la práctica, esto supondrá penalizar la factura de las viviendas con menos consumo, normalmente las segundas residencias, explicaron las mismas fuentes de Industria.
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