Las emisiones en España descendieron un 1,9 por ciento en 2012 respecto al año anterior. Si tenemos en cuenta esta cifra podríamos pensar que el sistema de comercio de emisiones está cumpliendo con su labor de proteger al medio ambiente, sin embargo la realidad revela que este descenso está estrechamente ligado a la crisis económica, que ha afectado intensamente al consumo y por tanto a la producción.
De hecho, ha sido precisamente la crisis quien ha desmoronado todas las previsiones realizadas por Bruselas, lo que ha generado que muchas empresas tengan a día de hoy un importante excedente de derechos de emisión y por lo tanto no necesiten aplicar programas de eficiencia para ser menos contaminantes.
El panorama del mercado de carbono, que se encuentra muy lejos de alcanzar sus objetivos, se muestra cada día más turbio. Tanto es así, que ni siquiera las medidas propuestas por la Comisión Europea para impulsar los precios del CO2 están surgiendo su efecto, al menos de momento.
La semana pasada la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (Envi) votó a favor de la propuesta de retrasar la subasta de 900 millones de derechos de emisión para que subieran los precios, el problema es que la reacción del mercado fue totalmente distinta a la esperada. Tras conocerse la decisión positiva del Envi, el valor de los derechos subió únicamente seis céntimos hasta los 4,63 euros la tonelada, sin embargo la caída que se registró tan sólo una hora después fue de 13 céntimos, hasta los 4,44 euros la tonelada. Siguiendo esta tendencia, la semana cerró con una caída del 7,17 por ciento respecto al lunes.
Estas cifras no hacen más que poner en duda la validez de las propuestas de la Comisión, que ya en abril recibieron el rechazo inmediato de la industria, que se mostró contraria al intervencionismo en este mercado y ejerció presión para que el Parlamento no diera su visto bueno.
Ahora la última palabra está de nuevo en el pleno del Parlamento, que decidirá qué pasa con las subastas el próximo día 3 de julio. Esta vez parece que las previsiones de los analistas son bastante distintas, ya que la Comisión ha modificado las condiciones del proceso conocido como Backloading, de tal forma que recoge ciertos cambios en dirección a las peticiones de la industria que reclaman una medida menos restrictiva que no impulse excesivamente los precios.
Teniendo en cuenta estos criterios, la negociación previa de los principales grupos parlamentarios -socialistas, populares y liberales- apunta a que la intervención se producirá una única vez y los 900 millones de derechos serán reintroducidos gradualmente y no al final del periodo, como se indicaba en la propuesta inicial de la Comisión. De hecho, todas las modificaciones a las que ha sido sometida esta medida, hacen que pierda parte de su sentido, ya que es probable que su aplicación no tenga un efecto muy notable en los precios.
Al margen de la decisión que tome el Parlamento, el sector medioambientalista está demandando con urgencia medidas que pongan remedio al fracaso del mercado de carbono, ya que contaminar la atmosfera resulta todavía muy barato y las previsiones para el actual periodo, que arrancó el pasado mes y durará hasta 2020, no son tampoco muy alentadoras. Tanto es así que a día de hoy se estima que existe un excedente de miles de millones de derechos, lo que aleja todavía más la solución.
España entre los más contaminantes
Según los datos facilitados por WWF, las emisiones en España hasta 2012 alcanzaron un incremento del 18,7 por ciento respecto a 1990, año base del Protocolo de Kioto. Estas cifras sitúan a España entre los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde los últimos 20 años.
En este sentido, el informe de emisiones de gases de efecto invernadero desarrollado por esta organización, revela que el sector energético "es el mayor responsable del conjunto de la emisiones, ya que en 2012 representó el 78 por ciento del total. De hecho las emisiones más importantes se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera".
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