La pelea entre los Ministerios de Industria y Hacienda volverá a ser protagonista este verano y la culpable del retraso de la temida reforma energética, que contempla recortes adicionales de 4.000 millones de euros.
En un principio se preveía que los cambios regulatorios se aprobaran a finales de junio, pero desde el Ministerio de Industria no tienen del todo claro cómo van a abarcar algunos puntos. Así, el ministro del ramo, José Manuel Soria, ha solicitado a Moncloa algo más de tiempo. La reforma de las Administraciones Públicas ha difuminado la premura de la energética y ya se apunta a la primera quincena de julio como nueva previsión para conocer los cambios. Sin embargo, en el trasfondo del asunto se encuentra de nuevo las discrepancias entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el titular de Industria, José Manuel Soria. El sector espera que este enfrentamiento no sea un preludio de lo ocurrido el pasado año con el primer tramo de la reforma, donde de junio se pasó a julio y de ahí a septiembre y por medio apareció en pleno mes de asueto la bronca entre ambos ministros.
El quid de la cuestión es que Hacienda no comulga con la premisa que ha defendido Soria desde un principio: que el Estado, vía Presupuestos Generales del Estado, también fuera una parte del sacrificio en estos recortes.
En concreto, Soria quiere que las cuentas públicas aporten 2.000 millones de euros de manera permanente. Esta partida será para recoger las extrapeninsulares (coste para compensar el mayor coste de generar electricidad en los dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Industria también pretendía que los Presupuestos también recogieran parte de coste de la interrumpibilidad, que recibe la industria a cambio de modular su consumo en momentos de punta de demanda y que asciende a un total de 700 millones de euros anuales.
Sin embargo, el tira y afloja desde estos ministerios es constante al igual que cuando se enrocaron hace un año a la hora de decidir las tasas que gravarían cada una de las tecnologías.
Tal es así, que Soria ya cuenta con un plan B para poder sacar adelante su reforma. A la vez que presiona a Montoro está forzando a una reducción de los costes de las extrapeninsulares. Para ello, ha impulsado la Ley de Garantía de Suministro para Canarias y, tras la tramitación de la norma, este coste pasará de 2.200 millones a 1.500 millones, aunque el Gobierno ha pactado algunas enmiendas para suavizar la norma.
Por otro lado, en el caso de que Hacienda rechace acoger la interrumpibilidad en los Presupuestos, Soria ya ha encargado a Red Eléctrica que diseñe una banda de regulación en el mercado mayorista que sirviera para darle un carácter competitivo.
El gran temor es el recorte que prepara para las primas a las renovables que podría alcanzar los 1.000 millones de euros y al que se opone férreamente Montoro por el inminente arbitraje que preparan los fondos internacionales. Además, las tecnologías verdes acumulan duros recortes desde 2010 y un nuevo golpe podría hacer quebrar a miles de instalaciones y afectar de lleno al sistema bancario. En este sentido, Soria ha asegurado que mantendrá la retribución razonable aunque tampoco ha escondido que la reforma pueda llegar a afectar al sistema financiero.
Todos estos cambios se aprobarán mediante el Real Decreto Ley para introducir Estabilidad Financiera en el Sistema Eléctrico, donde también se podría anunciar la apertura de un proceso para permitir que algunos ciclos combinados de gas puedan hibernar temporalmente, así como algunas instalaciones termosolares. El propio ministro ha insistido en que existe un "problema de exceso de capacidad instalada" en el sistema eléctrico, ya que el parque de generación tiene en la actualidad 106.000 megavatios (MW), frente "a la demanda punta de 40.000 MW fruto de determinadas decisiones que se adoptaron en su día".
El respiro para las renovables vendrá de la mano del Real Decreto que impulsa el autoconsumo, aunque recoge un aspecto que no complace al sector fotovoltaico: habrá que pagar los peajes por utilizar las redes eléctricas.
Por su parte, el golpe a la distribución y el transporte se aprobará a través de un cambio en sus retribuciones y el recorte puede ascender a 400 millones. Industria también presentará una Circular de metodología de peajes de acceso a la red para que se cobre la luz más cara en horas de punta de demanda.
Además, Soria quiere introducir un principio de estabilidad financiera, como ya se ha hecho en las cuentas públicas. La intención es que no se vuelva a crear déficit de tarifa y que se mantenga atajado en todo momento.
Para ello, se ha propuesto no perder la perspectiva de los ciclos económicos y las retribuciones reguladas (que computan como gasto) se revisarán cada cinco años para tener en cuenta las fluctuaciones de la economía. Según datos del Ministerio de Industria, estos costes regulados, son un 40 por ciento superiores a la media europea y superan en más del doble los de países como Francia. En concreto, el transporte y la distribución han aumentado un 44 por ciento en los últimos años, mientras que el gasto en primas sobre el PIB es el más elevado de todos los países industrializados, hasta el punto de que España es el país con más apoyo financiero a las renovables y la cogeneración.
Una de las partes más relevantes de la reforma será el Anteproyecto de Ley con el que se pretende avanzar en la liberalización del sector eléctrico. En este contexto el 25 de junio se celebró la subasta que fija el precio de la energía para el tercer trimestre y que supone en torno a un 37 por ciento del precio final del recibo. Si Industria finalmente no influye en la parte regulada del recibo, la luz subirá un 1,2 por ciento. Para evitar estas disputas trimestrales, el Gobierno impulsará un mecanismo de ajuste automático de peajes (la parte regulada del recibo) que permita equilibrar ingresos y costes del sistema eléctrico.
La premisa de esta reforma es que la suma debe ser cero porque cualquier decisión que implique un aumento de costes del sistema eléctrico deberá ser acompañada de medidas de efecto equivalente en los ingresos. No obstante, el Gobierno quiere que las desviaciones de precio de los mercados mayorista no le jueguen una mala pasada. Así, en caso de desviaciones saltarán las alarmas y se activará una regla de ajuste.
Y mientras tanto continúa la confusión sobre la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña. Soria anunció su cese para el próximo 6 de julio porque ya no hay tiempo para solicitar la prórroga de un año solicitada por los operadores de la central, Endesa e Iberdrola. La alternativa que se baraja es que se produzca el cese y a continuación las eléctricas soliciten su reapertura hasta 2019. El Ministerio de Industria tan sólo ha explicado que están estudiando acogerse a un procedimiento excepcional porque el cese se produce por causas económicas y no por causas de seguridad. Además, Soria continúa manteniendo que el Gobierno no quiere prescindir de ninguna tecnología y que se decantará por alargar la vida de las nucleares siempre que cuente con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Por su parte, el conflicto en las cuencas mineras está a punto de estallar por el inminente fin de los incentivos que reciben las eléctricas para quemar carbón nacional y que ha supuesto un respiro para el sector. La baza del Gobierno es convencer a la Unión Europea de que las minas competitivas puedan continuar más allá de 2019 sin necesidad de devolver las ayudas.
La solución al déficit de tarifa se plantea más difícil de lo esperado porque se trata de un "galimatías" con difícil arreglo. El Gobierno va disparando dejando tuertos pero el sector advierte de la necesidad de ir con cuidado porque alguno de los agentes se puede quedar ciego por la dureza de los recortes.
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