La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1,1 millones de euros interpuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en julio de 2009 a BP por la fijación indirecta de precios en las estaciones de servicio de empresarios independientes.
En aquel momento, Competencia sancionó con 7,9 millones a las tres principales petroleras que operan en España, a razón de 5 millones para Repsol, 1,8 millones para Cepsa y 1 millón para BP, por incurrir en prácticas comerciales equivalentes a fijar indirectamente los precios de venta al público. Las tres compañías anunciaron que recurrirían la multa.
Además de afrontar la multa, las petroleras debían eliminar las cláusulas contractuales y los aspectos de su relación comercial con las gasolineras dirigidos a esta fijación de precios, consistente a efectos prácticos en convertir las recomendaciones de precios máximos en precios finales y eliminar, con ello, la libertad de empresario para fijarlo.
