La subida de la inflación pone en jaque las pensiones. Tanto es así que incluso el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha sido tajante a la hora de anunciar si se mantendrá la actualización de las mismas como hasta ahora.
Aunque el objetivo primordial es que así sea. Por ello, el Gobierno ha recrudecido la presión sobre las eléctricas, gasistas y petroleras para que contengan los precios energéticos, a pesar de la subida del IVA.
El Ejecutivo ha puesto el foco en estos productos porque representan el 49,74 por mil del subgrupo que compone la estimación de la tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC).
Y en principio lo está consiguiendo. La luz bajará un 2,2 por ciento en octubre, el butano un 4,6 por ciento y la gasolina y del gasóleo han registrado descensos el 2,6 por ciento y del 1,4 por ciento, respectivamente, durante los últimos siete días, con lo que acumulan ya tres semanas consecutivas a la baja y se alejan de los máximos históricos de finales de agosto.
Precisamente fue en agosto cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, comenzó una cruzada contra las petroleras y advirtió de que vigilaría sus márgenes porque "son más altos que la media europea, sin tener en cuenta la imposición".
Acontinuación, pactó crear un grupo de trabajo para valorar en qué nivel se encuentran los márgenes y, en cualquier caso, las petroleras se comprometieron a hacer un esfuerzo para contener los precios debido a la situación del país.
Y es que el incremento de los carburantes dispararon el IPC durante el mes estival, mientras que en septiembre el disgusto ha venido por parte del impuesto directo al consumo.
La presión por parte del Gobierno se extendió en ese momento hacía las eléctricas. El titular de Industria cometió un gran error al amenazar públicamente a estas compañías con que se vigilaría que no aplicaran el incremento del IVA a consumos de julio y agosto. Soria no recabó en que la Ley establece que el impuesto se repercute en la fecha en la que se emita la factura, con lo que la base imponible son consumos anteriores.
A pesar del aumento de los impuestos, casualmente la subasta Cesur, que fija el precio de la energía para octubre, registró una bajada del 4,6 por ciento. Pero los años precedentes, este trimestre suele registrar fuertes subidas. Es más, en la misma subasta del año anterior el precio registró un alza de un 9 por ciento para el producto base y un 11 por ciento para el de punta.
Por otro lado, con la reforma energética aprobada hace dos semanas, se elevó la presión de los precios con nuevos gravámenes que repercutirán en el coste del recibo de la luz y del gas. Soria confía en que las compañías no trasladen las nuevas tasas al consumidor, pero el sector ya ha avisado de cómo se alzarán los precios. En cualquier caso, la reforma no estarán en marcha hasta el próximo año y al Gobierno lo que le preocupa ahora es la evolución de la inflación de estos meses.
De ahí que el Ejecutivo, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo, no haya actuado a la hora de fijar una nueva metodología para calcular el precio de la bombona de butano. El Alto Tribunal ha tumbado la fórmula aprobada en 2008, con lo que el precio del butano se ha fijado en función de la metodología anterior, tal como adelantó elEconomista. En esta ocasión se favorece al consumidor con una bajada del 4,6 por ciento, pero el sector estima que Industria modificará este aspecto en la próxima revisión de enero, donde con la fórmula ahora aplicada correspondería una importante subida.
Bajadas en otros sectores
Con la presión ejercida por el momento y la evolución de los próximos meses, el Gobierno trabaja con una previsión del IPC del 3 por ciento, aunque los analistas recelan de esta previsión y creen que se irá a algunas décimas más.
A esta estimación también favorece la guerra de precios provocada por Marlboro y BAT en el sector tabaquero. A su vez, los precios de la cerveza tensionan a la baja tras la estrategia competitiva lanzada por Restalia.
La medida estrella del PP
El Gobierno se juega su credibilidad con las pensiones. De hecho, el Partido Popular fue muy crítico con el Gobierno anterior cuando se congelaron estas prestaciones. Ahora, el Ejecutivo ha elevado la partida del Ministerio de Empleo para aplicar un alza del 1 por ciento a las pensiones, además de su revalorización natural, siempre que se mantenga la normativa de actualización.
Pero la decisión de subir el IVA se ha convertido en un arma de doble filo porque ha derribado el consumo y también porque la inflación se ha disparado 8 décimas, hasta el 3,5 por ciento, su valor más alto en 16 meses. Con el dato de septiembre, el IPC interanual encadena tres meses de ascensos.
Y es que por cada décima que se encarece este índice supone 100 millones más de gasto. De ahí que sea tan relevante si ahora se mantienen las pensiones ligadas al IPC.
El Gobierno prevé que el gasto total en estas prestaciones suba un 4%. Para hacer frente al aumento de esta partida, el Gobierno acudirá al Fondo de Reserva de las pensiones para cubrir necesidades de tesorería. En concreto, tocará 3.062 millones de euros, de los 69.200 millones de que dispone el fondo. El Ejecutivo recurrirá a este fondo de reserva -creado en el año 2000-, que sólo se puede emplear en caso de que se acumulen tres semestres de déficit estructural, aunque se han esperado dos ejercicios completos para tirar de la hucha de las pensiones.
A medio plazo se abarcará una reforma del sistema de pensiones, con el objetivo de resolver definitivamente la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para que sean sostenibles y adecuadas.
Subida de los precios industriales
