El Gobierno se está encontrando con un fuerte grupo de presión que se opone a recortes drásticos en el sector energético ante la inminente reforma: los fondos de inversión internacionales. En concreto, firmas de capital riesgo alemanas han enviado una misiva a la embajada germana en España en la que muestran su preocupación por la posibilidad de que se puedan aprobar nuevos recortes retroactivos.
Estos fondos de inversión están siendo asesorados por el despacho de abogados Dechert, donde trabaja Miriam González Durantez, esposa del viceprimer ministro de Reino Unido, Nick Clegg.
La carta enviada a la embajada avisa de que hay inversiones en juego y que una nueva regulación retroactiva, que se sumaría a la ya aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el sector fotovoltaico a finales de 2010, provocaría una grave inseguridad jurídica que ahuyentaría a los agentes.
Los grandes fondos internacionales ven con temor que otro partido de distinto color que el anterior tome medidas que tampoco aseguren las reglas del juego fijadas en un primer momento.
En concreto, estas entidades que rubrican la carta a la embajada están centradas en el sector de infraestructuras y están muy interesadas en las privatizaciones de carreteras y aeropuertos que pueda iniciar el Ejecutivo.
Pero estos fondos tienen diferentes intereses en el sector energético, y a cambio de una mayor apuesta por el país piden una seguridad mayor para sus inversiones activas.
No se trata del primer movimiento por parte de inversores internacionales. Tal como adelantó este diario el 14 de junio, fondos de inversión estadounidenses han mostrado su preocupación por la reforma energética y la posibilidad de que se pueden rebajar las primas que ya están aseguradas para aquellas instalaciones inscritas en el preregistro.
En concreto, el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, mantuvo un encuentro con el titular de Industria, José Manuel Soria, para transmitirle la gran preocupación de los fondos de inversión con fuertes intereses en energías renovables y, sobre todo, en fotovoltaica.
Según fuentes del sector, este encuentro podría haber surtido efecto ya que, si en un primer momento se descontaba un recorte drástico para estas tecnologías, ahora parece que se van a decantar por recortar en otras partidas, así como por una fuerte imposición del céntimo verde.
No obstante, los fondos no han quedado inmunes a las recientes declaraciones del ministro en las que critica el fuerte volumen de primas incluidas en el preregistro y que supondrán 70.000 millones a 2020.
Una de las obsesiones de Soria y de su departamento jurídico es que las medidas que se adopten se ajusten a derecho. Industria es consciente de que la reforma conllevará una batería de pleitos, pero aseguran que todas las regulaciones están hilvanadas para que la balanza esté a su favor.
Desde el Ministerio resaltan que la regulación actual recoge que las primas a las renovables pueden ser modificadas siempre que se asegure una rentabilidad razonable para las tecnologías.