La Junta CyL recurrirá ante el TS el fallo de Audiencia Nacional sobre Garoña

Valladolid, 14 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Nacional favorable al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, en julio del 2013, tal y como ha decidido el Gobierno central.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que ha habido un voto particular contrario a la decisión del Gobierno de cerrar la central que "apoyaba la tesis" de la Junta de Castilla y León de mantenimiento de las instalaciones hasta el 2019.

La Junta de Castilla y León tiene de plazo hasta setiembre para presentar el recurso a la decisión del Gobierno de cerrar la central en julio del 2013, en una decisión que De Santiago-Juárez ha atribuido "al capricho político" de su presidente, José Luis Rodríguez-Zapatero.

"Iba a decir que en su último capricho político, pero no lo es, ya que cada día tiene una ocurrencia nueva", ha sostenido el también consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

La Audiencia Nacional ha confirmado hoy la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.

En una sentencia notificada hoy, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a los once recursos que se presentaron contra la orden del Ministerio de Industria, divididos entre los que pidieron su prórroga hasta 2019, como Nuclenor -empresa propietaria de la central nuclear- o la Junta de Castilla y León, y los que exigían su cese inmediato, como Greenpeace o Ecologistas en Acción.

Los magistrados han concluido que para prorrogar la explotación de una central ya existente no es necesario una evaluación de impacto ambiental, ya que estiman que no se trata de construir una nueva, y rechazan una "desviación de poder" por parte de Industria porque consideran lícito que para decidir sobre la renovación "puede pesar una determinada opción de política energética del Gobierno basada en el fomento de las energías renovables".