Madrid, 21 jul (EFE).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se mostró hoy en contra de que en España se impongan nuevos gravámenes a la energía nuclear y aseguró que en el caso de salir adelante una iniciativa de este tipo su compañía la recurriría ante los tribunales.
Sánchez Galán respondió así tras ser preguntado por las informaciones que apuntan a que el Gobierno baraja la posibilidad de imponer una tasa a las centrales nucleares por extender su vida útil, similar a la anunciada en Alemania.
Recordó que las tasas, que son cargadas al productor, son "finalistas" y se deben imponer para sufragar algo concreto, en tanto que los impuestos se cargan directamente en la factura y los paga el consumidor.
En este sentido, explicó que en España, la energía nuclear ya soporta tasas estatales y autonómicas que sumadas representan unos 15 euros por cada megavatio hora atómico que se produce en el país.
Apuntó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España, las nucleares no son "extensibles" por su vida útil, ya que pueden permanecer operativas siempre y cuando cumplan los requisitos de seguridad y medioambientales que son evaluados por el Consejo de Seguridad Nuclear, entre otros.
Por tanto, si alguien quiere decretar el cierre de una planta atómica por otros motivos, como ha ocurrido con Garoña, debe hacerlo en aras del interés general y previa expropiación.
Añadió que aunque la legislación europea permite poner impuestos siempre que sean finalistas, no consiente cargar costes de una tecnología a otra restándole competitividad.
En ese sentido, aseguró que el problemas de costes del sistema eléctrico no es culpa de la energía nuclear, si no de los "4.000 millones de euros" que cuestan la solar fotovoltaica por una mala gestión de la planificación.
Ante la posibilidad de que las autonomías impongan nuevos gravámenes a otras tecnologías como la hidráulica, Sánchez Galán dijo que aunque las regiones son libres de poner impuestos, luego los tribunales Supremo y Constitucional se encargan de decir que no son "legítimos", como ocurrió con Extremadura.
