El inesperado cambio en las reglas del juego introducido por el Ministerio de Industria en la regulación del sector termosolar ha hecho saltar todas las alarmas empresariales, políticas e institucionales en las comunidades socialistas que más pensaban beneficiarse de las inversiones en materia termosolar.
El inesperado cambio en las reglas del juego introducido por el Ministerio de Industria en la regulación del sector termosolar tiene su origen en la debilidad política del Gobierno socialista y la enorme descoordinación y división interna que existe en su Grupo Parlamentario. La prueba palmaria de lo segundo es una enmienda presentada en el Senado por CiU y respaldada por el PSOE, aprobada este pasado miércoles, que persigue la derogación del artículo del Real Decreto Ley 6/2009 por el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables. La decisión ha hecho saltar todas las alarmas empresariales, políticas e instituciones en las comunidades que más pensaban beneficiarse de las inversiones en materia termosolar.
Consecuencias
¿Reacciones? Pues según el presidente de la patronal del sector (Protermosolar), Valeriano Ruiz, y su secretario general, Luis Crespo, en estos momentos hay en construcción treinta plantas, con una potencia total de 1.500 MW y una inversión de 10.000 millones de euros, "que será paralizada en su gran mayoría", han advertido los responsables de la patronal.
El escándalo termosolar dejaría en absoluto entredicho el cambio de modelo económico que persigue Rodríguez Zapatero con su inminente Ley de Economía Sostenible, con la que se comprometerían 20.000 millones de euros. El fiasco de la votación en el Senado ha provocado, de momento, la indignación de dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Andalucía y Extremadura. Y parece que también de Castilla-La Mancha.
Siete mil empleos en peligro
Según la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, cuyo responsable es el socialista Martín Soler, "esta moción, de aprobarse en los términos planteados, pondría en riesgo las inversiones y los más de 7.000 empleos que crearían los proyectos de plantas termosolares actualmente en construcción en Andalucía".
La paradoja es que entre los integrantes del Grupo Parlamentario socialista del Senado se encuentra el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, excluido de su gobierno por el actual presidente, José Antonio Griñán, y el también ex consejero Luis García Garrido, ambos senadores electos por la comunidad autónoma de Andalucía.
Por eso, el estupor en círculos políticos andaluces es total ya que esta misma tarde, la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa ha instado hoy al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados a que refuerce la estabilidad jurídica del sector de la energías renovables y garantice la viabilidad de los proyectos de plantas termosolares que actualmente se encuentran en ejecución en Andalucía.
Petición al grupo parlamentario
Para ello el consejero, Martín Soler, ha solicitado a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Mamen Sánchez, que en la sesión del próximo jueves en la Cámara Baja introduzca modificaciones a la enmienda planteada por CiU en el Senado en la que se deroga el artículo del Real Decreto Ley 6/2009 por el que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables.
La administración andaluza entiende que "con esta moción no sólo se está derogando el llamado Registro de Preasignación creado el pasado mes de mayo, sino que, además, supone una modificación de las reglas de juego establecidas en el RD 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia (500 Mw), se otorgaría un plazo mínimo de 12 meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto".
Esta normativa, a juicio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "ha sido la referencia que han tenido en cuenta las compañías a la hora de planificar sus inversiones por lo que su eliminación en el Congreso implicaría un importante perjuicio para el sector, al introducir una modificación con los compromisos previamente adquiridos por las empresas tanto con las entidades financieras como con sus proveedores. Esta moción, de aprobarse en los términos planteados, pondría en riesgo las inversiones y los más de 7.000 empleos que crearían los proyectos de plantas termosolares actualmente en construcción en Andalucía".
Andalucía es la primera región de Europa en la que se han implementado proyectos comerciales de centrales termosolares y cuenta en estos momentos con 131 Mw termosolares en funcionamiento y cerca de 567 Mw en construcción.
Estos 698 Mw abastecerán a una población equivalente a más de 250.000 hogares, y evitarán aproximadamente 560.500 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a retirar259.810 vehículos de la circulación. La construcción de una planta de 50MW se desarrolla en aproximadamente 2 años. En ese tiempo se estima que se generan 500 empleos, a las que se sumarían otros 70 puestos por cada planta, una vez puestas en marcha, según los datos aportados hoy por la Junta de Andalucía.
Escándalo y descoordinación socialista
El presidente de la patronal del sector (Protermosolar), Valeriano Ruiz, y su secretario general, Luis Crespo, han afirmado hoy en rueda de prensa que el cambio introducido en el real decreto 6/2009, mediante una enmienda presentada en el Senado por CiU y respaldada por el PSOE, es un "escándalo" y un "disparate" porque supone la modificación de la norma sólo cinco meses después de su aprobación.
El sector se siente "engañado" porque una gran parte de los proyectos presentados ante el Ministerio de Industria desconoce ahora la prima que percibirán por la producción de energía limpia. En total se han inscrito en el registro de preasignación -requisito hasta ahora indispensable para percibir la prima- unos cien proyectos de centrales termosolares, con una potencia total de 4.300 megavatios (MW).
Sin embargo, con la derogación del registro, pendiente de su ratificación la semana que viene -el jueves- en el Congreso, sólo percibirán la prima los primeros 500 MW, mientras que el resto de proyectos tendrá que esperar a la elaboración de un nuevo decreto ley para conocer la retribución que percibirán. En estos momentos hay en construcción treinta plantas, con una potencia total de 1.500 MW y una inversión de 10.000 millones de euros, que será paralizada en su gran mayoría, han advertido los responsables de la patronal.
Iniciativas empresariales
Valeriano Ruiz ha asegurado que hay un gran número de empresas que ya estudian la posibilidad de presentar demandas por responsabilidad patrimonial contra el Estado, no sólo las que ya han iniciado las obras, sino también todas aquellas que han cumplido con los requisitos para ser inscritas en el registro de preasignación y que han tenido que hacer frente a una inversión mínima de unos 25 millones de euros.
Asimismo, ha advertido de que la paralización de las obras pone en riesgo miles de puestos de trabajo -sobre todo en comunidades autónomas "poco boyantes", como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia-, a la vez que ha resaltado el impacto de esta decisión sobre las empresas de ingeniería, la actividad de investigación y desarrollo (I+D) y la confianza de los inversores. El director general de la patronal ha añadido que el cambio de las reglas de juego puede llevar a las entidades financieras a exigir la devolución de los créditos.
Respecto a las explicaciones que ha aportado el Ministerio de Industria, Valeriano Ruiz ha apuntado que representantes del sector mantuvieron ayer una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que se sintieron "engañados", ya que se les aseguró que el Departamento dirigido por Miguel Sebastián "no ha tenido nada que ver" en la modificación del marco legislativo. Para la patronal, este cambio normativo supone una "condena de muerte" para la industria termosolar y por ello apoyará a todas las empresas que decidan presentar demandas.
"Los brotes verdes que las energías renovables representan para la economía se van a secar" si el Congreso ratifica la semana que viene la derogación del registro, han concluido.
Indignación en Extremadura
La Junta de Extremadura, a través de su consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, pidió hoy al Gobierno y al Congreso de los Diputados que en la sesión del próximo jueves en la Cámara Baja se rechace una enmienda de CiU a la Ley de Regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario (Socimi) que afecta al proceso de implantación de la energía termosolar en España.
Mediante dicha enmienda, que el miércoles pasado fue aprobada en el Senado, queda derogado, vía disposición adicional, el real decreto ley del pasado mes de mayo que establecía un registro de preasignación de potencia de plantas termosolares, entre otras renovables, el cual CiU considera invade las competencias autonómicas.
La derogación del registro provocaría un retroceso hasta la situación normativa anterior, definida por un real decreto de 2007, pero con modificaciones que implicarían una implantación "más restrictiva" de la energía termosolar, de modo que las expectativas de Extremadura quedarían recortadas.
Además, se causaría "una pérdida inaceptable de tiempo" que en el caso de Extremadura pondría en riesgo "miles de millones de euros de inversión y varios miles de puestos de trabajo", toda vez que se desencadenaría una situación de "incertidumbre" que provocaría "desconfianza" en el sector financiero, de cuyo respaldo dependen los proyectos de plantas que pretenden implantarse en la región. Se calcula que cada proyecto de planta precisa de una inversión media de 300 millones de euros.
Rechazo de la enmienda
En rueda de prensa, el consejero pidió el rechazo de la citada enmienda, por lo cual se dirige públicamente al Gobierno y además mantiene contactos desde hace días con el Grupo Socialista en el Congreso, a través de los diputados extremeños.
No obstante, la Junta ofrece una "segunda alternativa" en el caso de que "no fuera posible" rechazar la citada enmienda. En tal caso, pide al Gobierno que una vez aprobada la Ley de las Socimi "inmediatamente" modifique el real decreto de 2007 de modo que no sólo no sea más restrictivo, sino que, incluso a la inversa, permita la apertura de más plantas de las inicialmente previstas, de modo que quedarían garantizadas las perspectivas de Extremadura.
El registro que, en caso de ser ratificada la polémica disposición adicional, quedaría derogado servía para que los promotores de las plantas supiesen antes de construirlas si el ministerio les asignaba o no el derecho a cobrar la prima que corresponde a este tipo de energía, de modo que podían proseguir su proyecto con "tranquilidad". El consejero explicó que Extremadura, dadas sus características, "es el mejor sitio" de España para la instalación de plantas termosolares y el registro aprobado en mayo le otorgaba a la región unas expectativas "muy altas".
Cuarenta plantas
Así, según estimaciones de la Junta, merced al real decreto ley de mayo se podrían llegar a instalar en toda España, en un horizonte temporal con final en 2013, unas 40 plantas termosolares, con una potencia conjunta de 2.000 megavatios. "Al menos un tercio" de las instalaciones o de la potencia correspondería a Extremadura, apostilló Navarro, quien precisó que a día de hoy ya hay dos plantas terminadas en la región, así como otras cinco en estado "muy avanzado" de construcción y otras seis que han iniciado los trabajos.
Al respecto, alertó el responsable autonómico de Energía que si se produjera la derogación del registro la potencia a nivel nacional con derecho a prima se reduciría a 500 megavatios, cifra que ni siquiera cubre a esas plantas de la región cuya construcción está empezada o terminada.
En cuanto al empleo, la construcción de cada central de estas características suele dar trabajo a entre 400 y 500 personas. Una vez en servicio, cada instalación de este tipo genera unos 40 a 50 puestos de trabajo directos. La posibilidad de que la creación de tales puestos de trabajo se paralice ha motivado el "gran interés" de la Junta "en solucionar esto", puesto que "en periodo de crisis" la creación de empleo se necesita "ya". "No podemos esperar unos meses, no nos sirve", advirtió Navarro.
"Pedimos que con carácter inmediato se tomen medidas que tranquilicen y transmitan confianza, estabilidad, seguridad a este sector, que ahora mismo es estratégico para Extremadura", sentenció el consejero, quien compareció en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Junta, junto a la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional, Dolores Pallero.
Para el consejero la "premisa" en la que se apoyaba la enmienda de CiU era "falsa", puesto que el registro no invade, a juicio del Gobierno extremeño, las competencias de las autonomías. Esta opinión, apuntó el consejero, es compartida por los ejecutivos de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Por tanto, prosiguió José Luis Navarro, la enmienda transaccional que se acabó aprobando en el Senado el miércoles de la semana pasada fue "muy desafortunada", dado que recogía "en buena parte lo que había aportado CiU" en su iniciativa original.
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