Burgos, 8 jun (EFE).- Alfredo González, alcalde del Valle de Tobalina (Burgos), donde se ubica la central de Garoña, ha reclamado al Gobierno que acepte el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y conceda una nueva prórroga de 10 años para el funcionamiento de la planta atómica.
González, en declaraciones a Efe, ha asegurado que el CSN "es el organismo regulador competente y si entiende que la planta de Garoña está en condiciones de seguir operando, debe aceptarlo y renovar su licencia de funcionamiento".
El alcalde ha señalado que "la gran mayoría de la población" de esta comarca "no entendería", tras el informe del CSN, el cierre de la planta y ha agregado que su clausura supondría "un grave trauma" porque no hay una alternativa económica y laboral en la zona.
Ha insistido en que "la central lleva produciendo energía eléctrica para el conjunto de España desde su entrada en funcionamiento y que puede seguir haciéndolo con garantías", según el organismo competente en esta materia.
Para el alcalde, la solución idónea "es renovar por diez años más la licencia de funcionamiento" y empezar a diseñar alternativas en infraestructuras e inversiones productivas "para cuando la planta tenga que ser cerrada".
"En la actualidad no existe ninguna otra industria en la zona capaz de aportar puestos de trabajo", ha indicado González que reconoce que en la comarca del Valle de Tobalina existe una "gran dependencia" económica y laboral de la planta atómica, "de la misma manera que existe en el resto de zonas españolas donde se ubican estas instalaciones.
A su juicio, ha llegado la hora de "preparar y diseñar alternativas que garanticen trabajo y riqueza para esta zona en el futuro".
"La central de Garoña aporta a la zona trabajo y riqueza, y por el momento no hay ninguna otra industria que pueda dar tranquilidad económica a los vecinos y trabajadores", ha indicado.
En este sentido, ha señalado que "la gran mayoría de los vecinos están a favor de la continuidad de la planta, siempre y cuando se garantice la seguridad, algo que el CSN ha avalado".
La planta de Santa María de Garoña empezó a funcionar en 1971 y, según el Consejo de Seguridad Nuclear, cumple con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para funcionar durante diez años más.
