El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa la reforma de la tarifa regulada PVPC y ha olvidado la exigencia de ligar un 10% de este precio al resultado de la subasta de energía inframarginal que debía haberse celebrado ya en 2021 para las pequeñas comercializadoras e industriales.
El Gobierno acepta así tácitamente la oposición de las eléctricas a esta subasta, aunque incluye en el borrador que ha remitido para consulta pública la posibilidad de modificar, a posteriori, la propuesta actual con una orden ministerial para mantener la validez del correspondiente artículo del Real decreto-ley 17/2021 y celebrar dichas subastas.
La propuesta de reforma del Gobierno prevé que en un plazo de tres años se acabe fijando un reparto en el que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral un 36% y el producto anual un 54%, lo que en la práctica excluye la venta de esta cantidad de energía pese a los informes de la CNMC que recomendaban que se llevara a cabo para introducir un mayor nivel de competencia.
Menor volatilidad
El diseño de la futura tarifa regulada reduce notablemente la volatilidad al tiempo que mantiene una señal de precios, tal y como exige la Directiva 2019/944 para garantizar la eficiencia de los mercados.
El Gobierno además asegura que la medida se lleva a cabo en un momento idóneo, ya que el mecanismo ibérico ha permitido una fuerte reducción de los precios en los mercados mayoristas que se traslada a las cifras que se utilizan para fijar estas señales de precio durante los próximos años. Las eléctricas se habían opuesto en numerosas ocasiones a esta subasta de energía porque les suponía romper contratos en vigor.
Las empresas de generación habitualmente contratan con las comercializadoras de las grandes empresas integradas la venta de energía cada año y cualquier cambio en este sentido podía provocar de no estar previsto con la antelación suficiente que las empresas tuviesen que alterar sus sistemas de contratación.
En estos momentos, las eléctricas están ofreciendo precios más bajos que las pequeñas comercializadoras, lo que supone una pérdida de incentivo para el Gobierno para alterar esta situación que está provocando un fuerte retroceso en el proceso de liberalización.
Las pequeñas comercializadoras lamentan la pérdida de clientes que están sufriendo por el fuerte aumento de precios y las dificultades que están encontrando para contratar energía y realizar coberturas durante los últimos meses por culpa del fuerte aumento de precios.
