El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en Moncloa al presidente portugués, Antonio Costa. Ambos dirigentes se reúnen mientras siguen a la espera de la aprobación por parte de la Comisión Europea de la llamada 'excepción ibérica'.
La medida, que ha aprobado ya el Gobierno español y portugués, no puede entrar en vigor hasta que se reciban los permisos comunitarios y esta situación ha comenzado ya a generar susceptibilidades hasta el extremo que ambos gobiernos han pedido celeridad a la Comisión.
Pese a estas reclamaciones por parte de ambos ejecutivos ibéricos, las eléctricas consideran que aunque se apruebe en este mes de mayo, su puesta en funcionamiento puede demorarse al menos dos meses para poder preparar los sistemas informáticos para la facturación de la rebaja del precio de la electricidad.
Fuentes del sector explican que el nerviosismo de ambos gobiernos obedece a que el tiempo va pasando y en el caso de que Bruselas siga sin conceder el permiso se podría dar la extraña situación de que el Congreso tuviera que ratificar un Real decreto-ley sin que gran parte de las medidas adoptadas en el mismo hubiesen entrado en vigor.
Este último extremo, no obstante, se descarta que acabe sucediendo y esperan que la próxima semana podría recibirse el visto bueno tras la celebración del Consejo Europeo.
Por el momento, lo que si está claro es que las comercializadoras han tenido que hacer frente a una mayor provisión de garantías financieras ante el operador del mercado Omie por exigencia de la normativa.
El Ejecutivo de Portugal además ha explicado que no recibe ningún subvención de España ya que indica que "la aplicación del mecanismo tiene que ser idéntica". Así lo ha contado el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, en declaraciones al El País y El Confidencial. De esta manera, indica, los consumidores portugueses y españoles pagarán lo mismo y se les aplicará la misma fórmula a los clientes afectados.
Los consumidores españoles deberán financiar una parte de la 'subvención' al gas que se utilizará en las centrales portuguesas durante el período de aplicación de la llamada excepción ibérica aprobada por el Gobierno para limitar el precio del gas y rebajar el precio de la electricidad en la Península Ibérica. El coste estimado que supondrá para el bolsillo de los españoles 500 millones más porque España representa el 90% de la demanda eléctrica ibérica obligada a financiar el tope del gas durante el período de aplicación de la medida, frente a un 10% de Portugal debido al menor número de clientes portugueses indexados a pool y de renovaciones de contratos prevista en este país. Sin embargo, España solo genera el 75% de la producción con gas con derecho a recibir la subvención, frente a un 25% de Portugal, de manera que por cada 10 euros costará 175 millones más.
