El Ministerio de Transición Ecológica quiere llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el mecanismo para intervenir los precios del gas natural, pero los problemas comienzan a acumularse. El Gobierno ha comenzado a buscar los apoyos parlamentarios necesarios para poder ratificar el Real decreto-ley que incluiría la medida, pero los problemas que mantiene el Ejecutivo tras desvelarse los presuntos espionajes del Centro Nacional de Inteligencia a dirigentes de ERC están poniendo en jaque su aprobación.
La medida, que además cuenta con un fuerte rechazo del sector eléctrico, puede tener consecuencias inesperadas en la forma de operar de las compañías en el mercado mayorista, tal y como advierte el director de la consultora Ekon Strategy Consulting, Kim Keats, en un análisis realizado sobre la propuesta.
Los efectos, de hecho, no han tardado en llegar. El diferencial de precios de futuros para el último trimestre supone una ruptura de mercado con Francia a 419 euros y España a 148 euros, tal y como adelantó ayer elEconomista.
Con este escenario de precios, se espera que la medida suponga un fuerte incremento de la demanda tanto de Francia como de Marruecos hasta la capacidad máxima de las interconexiones, según explican fuentes del sector eléctrico. Esta situación supondría unas exportaciones de hasta 34 TWh, lo que provocaría un aumento de la demanda del 14%.
Para atender ese incremento en las exportaciones será necesario aumentar la producción de electricidad con las centrales de gas y carbón ubicadas, incrementándose con ello el importe total de las subvenciones que se deberían cubrir para estas centrales. Suministrar esta nueva demanda implicaría un incremento en el consumo de gas de 62 TWh que provocará nuevas compras en el mercado de gas, que ascenderían a 6.200 millones de euros al año.
La medida además tendría un impacto fuerte en el nivel de emisiones en España
El coste de las subvenciones que se paguen a las centrales se financiará por medio de un recargo sobre la demanda de los consumidores españoles, prorrateando el coste total de la subvención por dicha demanda, y se espera que por los consumidores franceses, tal y como indicó la vicepresidenta. La medida además tendría un impacto fuerte en el nivel de emisiones en España. La generación adicional supondría la emisión de 12.600 millones de toneladas de CO2.
La compra de derechos de emisión de CO2 en España para cubrir dichas exportaciones de electricidad a Francia y Portugal ascendería a 1.100 millones de euros al año. Las comercializadoras independientes de energía han alertado de la posibilidad de que la limitación al precio del gas que se utiliza para generar electricidad repercuta de manera negativa en la libre competencia del sector. Por ello, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía ha pedido que se ponga especial atención en el impacto que podría tener en la capacidad de competir.
