En un intento de cubrirse las espaldas ante las posibles demandas judiciales que conllevan indemnizaciones económicas, los ayuntamientos de la isla están valorando la posibilidad de ampliar los seguros de responsabilidad civil que todos ellos tienen contratados con el fin de que también cubran los posibles errores cometidos por los cargos políticos y los altos funcionarios de las corporaciones municipales.
Según informa el Diario de Mallorca, de esta forma, en caso de que alguna decisión política errónea perjudique a terceros y exista una demanda condenatoria por ello, los responsables políticos no deberán responder con su patrimonio personal, ya que será la compañía de seguros la que se encargue de pagar las posibles indemnizaciones y la propia defensa jurídica del demandado.
Dicho de otro modo: los ayuntamientos se plantean la posibilidad de invertir dinero público en blindar el patrimonio de los políticos si éstos cometen algún error con consecuencias negativas sobre terceros en el ejercicio de su actividad pública.
Los seguros de responsabilidad civil que la gran mayoría de ayuntamientos tienen contratados abonan las posibles indemnizaciones que están obligadas a pagar las instituciones en caso de demandas patrimoniales por parte de los ciudadanos, pero no ofrecen cobertura si el demandado es algún cargo político en particular que haya sido condenado a pagar algún resarcimiento económico de su bolsillo. Por ello, algunos ayuntamientos de la isla ya valoran la posibilidad de contratar esta póliza que todavía no comercializan todas las compañías de seguros, aunque todo apunta que en un futuro próximo la mayoría de ayuntamientos se subirán al carro.
