Ninguna empresa está exenta de sufrir intentos de fraude e irregularidades financieras provocadas por sus propios empleados, directivos, clientes o proveedores. Según un estudio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), las organizaciones empresariales perdieron el pasado año en el mundo unos 2,7 billones de euros como consecuencia de algún fraude ocurrido en su seno, más de 2,5 veces el Producto Interior Bruto de un país como España.
Sin lugar a dudas, malos comportamientos se han producido siempre, pero con la crisis se están poniendo de manifiesto en mayor medida. En líneas generales, se estima que el fraude puede superar el 5% del volumen de las organizaciones. Las irregularidades cometidas por empleados pueden tener consecuencias funestas. Para las grandes compañías llegan a suponer pérdidas millonarias y para una pyme incluso su desaparición.
Los expertos explican que ahora, "al bajar el nivel económico al que nos habíamos acostumbrado en la etapa anterior", han aflorado multitud de casos fraudulentos que estaban camuflados y que no habían sido detectados previamente. Y que incluso, en algunos casos, eran "conocidos y consentidos" dentro de un entorno de bonanza. Por otro lado, estos mismos expertos advierten de que "a mayores dificultades y presiones financieras, inevitablemente, mayores son los incentivos para cometer irregularidades económicas".
Los seguros no son capaces de evitar las conductas negativas de los empleados, pero sí pueden prevenir y, al menos, intentar aminorar algunas de sus consecuencias, sobre todo si éstas terminan afectando a terceros. Es lo que sucede, por ejemplo, con los de responsabilidad civil, que en determinadas condiciones y casos, podrían servir para amortiguar el daño al indemnizar a terceros por los daños y perjuicios causados por una empresa en el desarrollo de su actividad.
