Roma, 3 nov (EFECOM).- El Consejo de Administración de Schema28, la empresa que controla la concesionaria de autopistas Autostrade, ha convocado hoy una junta ordinaria de accionistas para pedirles que aprueben una demanda contra el Gobierno por daños y perjuicios al obstaculizar la fusión con la española Autostrade.
La decisión del Consejo de Administración se ha producido después de escuchar hoy el parecer jurídico de los asesores legales, que consideran ilegítimo y anticonstitucional el artículo 12 del decreto ley 262 aprobado por el Gobierno del primer ministro, Romano Prodi.
En un comunicado, Schema28 señala que los asesores estiman que el decreto ley daña a Autostrade, a sus accionistas y a quienes poseen obligaciones de la empresa.
Según los abogados, también perjudica "al mercado mobiliario nacional e internacional; y a Italia, porque aleja o reduce las iniciativas inversoras".
De acuerdo con la nota, el citado artículo 12 anula "la relación concesionaria establecida en 1997, con una duración hasta el 2038, que fue la base de la privatización de Autostrade".
También "impide" a Schema28 la gestión de la concesionaria y "hace imposible la financiación a largo plazo de las obras de modernización de la red".
Por esas razones, el Consejo de Administración ha fijado para el 23 de noviembre, en primera convocatoria, y el 5 de diciembre, en segunda, una junta ordinaria de socios para "examinar y aprobar las iniciativas de tutela de los intereses sociales" y la posibilidad de ejercer una acción de resarcimiento contra el Gobierno italiano y el ANAS, el ente público que tutela la concesión de las autopistas.
Por otra parte, los medios locales han informado hoy de que la española Abertis Infraestructuras ha recurrido, al igual que ya hiciera antes Autostrade, al Tribunal Administrativo Regional TAR del Lazio, centro de Italia, para anular la decisión del ANAS contra la fusión. EFECOM
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